Bloomberg — Las iniciativas de Luiz Inácio Lula da Silva para incrementar el gasto público afrontan una importante prueba este miércoles, ya que el Senado brasileño se dispone a votar sobre un proyecto de ley que permitirá liberar fondos para sufragar sus promesas electorales, una iniciativa que inquieta a los inversores en cuanto a la credibilidad fiscal del próximo gobierno.
Se prevé que este proyecto de ley, llamado PEC da Transição (PEC para la Transición) , será votado en el pleno de la Cámara Alta durante el día, tras haber sido aprobado este martes por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. Los diputados aceptaron incrementar en 145.000 millones de reales (US$28.000 millones) el llamado tope de gastos, una norma que pone límites al aumento de los gastos del gobierno el año próximo, haciendo sitio para una mayor ayuda social que no había sido presupuestada plenamente por el presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro.
Al tratarse de una enmienda a la Constitución, necesita el apoyo de 3/5 de los legisladores en 2 rondas de votaciones por cada cámara del Congreso. La propuesta debe ser aprobada antes del periodo de inactividad de fin de año para no afectar el pago de las ayudas sociales cuando tome posesión el presidente Lula da Silva el 1 de enero del año 2023.
Los inversores, esperanzados en que el Congreso ponga límites al gasto del Gobierno electo, celebraron el nuevo acuerdo, que recorta la propuesta inicial de 175.000 millones de reales (US$33.586 millones) en dinero extra. El temor a que Lula erosione las cuentas públicas y avive la inflación en la principal economía de Latinoamérica provocó la caída de los mercados de Brasil en noviembre, lo que impidió el avance de los activos de los mercados emergentes.
Aun así, el gasto adicional podría aumentar a 169.000 millones de reales (US$32.435) al año, o alrededor del 1,6% del producto interno bruto de Brasil, según Goldman Sachs Group Inc. (GS). Eso se debe a que, además del gasto social, el plan también exime a las inversiones públicas de la regla fiscal, como siempre que existan ingresos extraordinarios para cubrirlos.
Nueva ancla fiscal
El gobierno entrante también acordó proponer una nueva ancla fiscal antes del 31 de agosto para reemplazar el tope de gastos. La regla para limitar el crecimiento del gasto público, que entró en vigor en 2017, se ha incumplido todos los años desde 2020 y muchos economistas la consideran insostenible a largo plazo.
Si bien no se presenta un nuevo marco fiscal, los economistas de Lula dicen que el gasto adicional no aumentará la relación deuda/PIB porque “generaría ingresos sin inflación, impulsando la producción interna y los ingresos fiscales”, según el senador Alexandre Silveira, el relator del proyecto de ley.
El banco central no está de acuerdo. En presentaciones recientes, el jefe del banco, Roberto Campos Neto, advirtió que la falta de un plan fiscal creíble impulsaría las expectativas de inflación, aumentaría las tasas de mercado y dañaría la economía, lo que finalmente limitaría la capacidad financiera del gobierno para ayudar a quienes necesitan más.
El Instituto de Finanzas Internacionales publicó una advertencia similar el martes, describiendo los planes de gasto de Lula como " verdaderamente problemáticos “, ya que es probable que aumenten el déficit fiscal del país.
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