Bogotá — Aunque el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha propuesto eliminar los contratos de prestación de servicios, en la práctica tendría una serie de retos para poder ejecutar esta medida que genera diversas posiciones entre el sector empresarial.
El presidente colombiano ha dicho que los contratos de prestación de servicios representan “una relación laboral mentirosa” para “sobreexplotar” a los trabajadores y por ende este esquema “debe pasar a la historia”.
Para poner en marcha estos cambios el Gobierno de Petro propone una reforma laboral que, además de acabar con los contratos de prestación de servicios, implicaría otras medidas como volver a considerar el horario nocturno desde las 6 pm y no desde las 10 pm como funciona hasta ahora.
La abogada experta en derecho laboral y socia de la firma Quintero y Quintero asesores, Saida Quintero, se refirió a los retos que representaría adoptar este modelo y señaló que es importante en primera instancia hacer la diferenciación entre sector público y el privado.
A propósito de este tema dice que “el Gobierno nacional es el que más hace uso de los contratos de prestación de servicios independientes, figura legal, pero a veces no tan bien usada”.
Se estima que más de 2,5 millones de empleados del sector público en Colombia tienen un contrato por prestación de servicios, por lo que desde el mismo Gobierno debería comenzar la reforma.
Dice que, aunque el presidente Petro sí podría tomar una medida interna para acabar las órdenes de prestación de servicios, “la pregunta del millón es cómo lo hará” y qué tipo de vinculación laboral aplicaría.
“Y eso tiene una implicación automática en el presupuesto. Es que si tú le mantienes a esa persona su ingreso mensual, que antes era honorario, y ahora es salario, eso te va a generar un sobrecosto de más o menos el 50%, y ¿el gobierno ha presupuestado eso para pagarlo? Porque sino, ¿qué va a hacer?”, dice Saida Quintero.
En el sector público considera que mantener esa fuerza laboral es clave puesto que, en gran medida, esta es la que “le pone frente a muchas actividades gubernamentales. Si las sacan va a haber un colapso”.
“También puede haber, que es lo que alegan algunos, dentro de esos contratos de prestación de servicios en el gobierno algunas personas que no son necesarias, que no son indispensables y que más bien se vuelven favores políticos o lo que llaman algunos, ‘corbatas’, y esos sí los terminarían y simplemente ahí hay un ahorro”, ahondó.
Pero, en el caso de las empresas privadas ve dificultades y adelanta que Petro no puede dar ese orden “porque el contrato de prestación de servicios de independiente está regulado por el código civil, ni siquiera por el código laboral”.
“Es una modalidad legal en contratación, que para poderla eliminar dentro del régimen jurídico necesitaría necesariamente una reforma al código civil que pase por el Congreso y no lo veo viable, porque estamos hablando de una modalidad contractual mundial”, afirmó.
“El problema es el mal uso de la misma, empresas que utilizan la figura de contrato de independientes para disfrazar un contrato laboral real. Eso es lo que hay que controlar, pero no acabar con una modalidad que es necesaria, mundialmente aceptada”, afirmó.
Una visión similar tiene el director de la Unidad de Derecho Laboral de Cuberos Cortés Gutiérrez, Camilo Cuervo Díaz, quien considera que esta medida sería “imposible porque eso es contrariar la naturaleza de la relación”.
Consultado por este tema por Bloomberg Línea, el abogado señaló que adoptar un control a los contratos de prestación de servicios sería aplicar la ley ya existente.
“Lo cierto es que hay que ver cuándo hay una relación de trabajo y cuándo hay un contrato de prestación”, señaló el abogado, quien dice que se debería mejor fortalecer el control a los “contratos que son ficticios, que esconden relaciones laborales”.
“Simplemente es que la gente consiga abogados y demande y se aplique el contrato de realidad, que está no de hoy, sino que existe hace 70 años en el código sustantivo de trabajo que hace prevalecer la realidad sobre la forma”, apuntó el abogado.
En este sentido, advierte que en el país hoy a un trabajador regular “le firman un contrato de prestación de servicios, le ponen otros nombres como outsourcing o como freelance o cualquier otro para tratar de cambiar la naturaleza del contrato normalmente”.
“Pero resulta que en laboral precisamente para proteger al trabajador prima la realidad sobre la forma, es decir, yo te puedo firmar lo que quiera, si la realidad es distinta va a primar la realidad y es un tema judicial”, insistió Camilo Cuervo.
La mayoría de los trabajadores por prestación de servicios no están satisfechos con este tipo de contratos y están a la expectativa de cambiar, concluyó un reciente informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Alianza EFI.
Se estima que solo un 45,8% de los trabajadores por prestación de servicios estaban satisfechos con el contrato que tenían en 2022, que si bien es un progreso frente al 36,2% reportado en 2021, está lejos del nivel de satisfacción de los asalariados que alcanzó el 81,7% este año.
Además, un 21,9% de los trabajadores por prestación de servicios quiere mejorar su salario, mientras que entre los asalariados ese porcentaje es del 15,2%.
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