Bogotá — Cada vez son más recurrentes los ataques cibernéticos de los que son víctimas desde funcionarios públicos hasta grandes conglomerados empresariales, no solo por vulneraciones a sus perfiles en redes sociales, por ejemplo, sino por estrategias peligrosas que pretenden bloquear y apoderarse de portales en internet y de oficinas virtuales que son indispensables para los usuarios.
En medio de ese panorama y según quedó planteado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, el Gobierno Petro alista la creación de una entidad que tenga como función principal evitar este tipo de hackeos.
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“Con el objetivo de promover un ecosistema digital seguro y proteger a la sociedad, se promoverá la creación de una Agencia de Seguridad Digital que vele por la protección del Estado en general, la infraestructura crítica del país y las entidades gubernamentales de ataques cibernéticos. Adicionalmente, se deben implementar estrategias para desarrollar la cultura y apropiación de hábitos de uso seguro de tecnologías digitales desde la educación temprana”, se indica en el documento.
Y además se señala que esto se complementará con la definición de una legislación que adopte las medidas legislativas nacionales y la cooperación internacional que trata el Convenio de Budapest. “Finalmente, se adoptará en las políticas de gobierno abierto digital, el concepto de seguridad digital por defecto, para garantizar la continua y normal prestación de los servicios ofrecidos por las entidades públicas”.
Bloomberg Línea le preguntó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre esta nueva Agencia, cartera que expresó que “se está trabajando en la fase normativa del proyecto y es directamente Presidencia de la República quién está al frente de esa propuesta. Ahí el rol nuestro es el de apoyo técnico para definir lo que será esa Agencia, esto debido a que del Ministerio hace parte el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas en Colombia, ColCERT”.
“Sí es importante porque hoy en día las instituciones del Estado están requiriendo de otro tipo de legislación que pueda movilizar el alcance de un ataque cibernético, por lo que vale la pena poder cimentar la normativa de ciberseguridad en Colombia”, explicó Santiago Roldán, consultor en transformación digital.
Adicional a eso, expresó que con las funciones tecnológicas que ejercen hoy las entidades estatales, poniendo como ejemplo la transaccionalidad de las distintas operaciones de la DIAN o los procesos para los pasaportes digitales de la Cancillería, “es indispensable que el Gobierno empiece a blindarse y que tenga una estrategia que le permita monitorear todos los problemas de fraude y de ciberseguridad de todas sus instituciones”.
Por su parte, Andrés Felipe Ángel, director de SL Legal + Tecnología, resaltó que habrá que ver cuál será el funcionamiento de esa Agencia, cuáles son las estrategias que va a desarrollar y de qué entidad va a depender. Y manifestó que es positivo que desde la creación de la misma se hable del concepto de seguridad digital por defecto porque ello implica que desde el inicio del proceso se considera esa necesidad de protección cibernética, que no debe ser vista como algo adicional o contemplarse en una etapa final.
Plan de expansión de conectividad
El planteamiento que se hace en el PND es uno de los ítems del intertítulo ‘Democratización de las TIC para desarrollar una sociedad del conocimiento y la tecnología, conectada con el saber y los circuitos globales’, donde también se propone un Plan Integral de Expansión de Conectividad Digital.
Lo anterior para, entre otros, cumplir cuatro objetivos. Primero, llevar la conectividad digital a las zonas aún sin servicio o en las que existe insuficiente calidad; segundo, promover los mecanismos de coinversión entre el Estado y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para el despliegue de redes neutras de telecomunicaciones.
Tercero, promover los mecanismos técnicos, normativos y regulatorios que permitan la eliminación efectiva de barreras, por parte de las entidades territoriales para el despliegue de redes de telecomunicaciones; y cuarto, fomentar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, especialmente para servicios 5G, a través de esquemas de compartición y/o comercialización de este recurso y de la reglamentación de la banda de 6 GigaHertz (GHz).
