Bloomberg — El surgimiento de una pequeña y artesanal industria de prestamistas privados que otorgan financiamientos a corto plazo, con tasas de interés mensual en hasta 5%, está permitiendo llenar un vacío que ayuda a impulsar la tímida recuperación económica en Venezuela.
Estas empresas, que atienden a las clases media y baja de Venezuela, así como a negocios pequeños, se presentan en medio de un país con límites de tarjetas de financiamiento que pueden ser de solo US$1 los más bajos, y una reducción drástica de préstamos bancarios desde hace años.
El sector es minúsculo en comparación con los estándares internacionales, pero en un país donde el producto interno bruto ha disminuido un 80% en la última década, incluso un préstamo de unos pocos cientos de dólares puede marcar una gran diferencia para un empresario en ciernes o una familia que necesita un refrigerador nuevo.
El rápido crecimiento de estos prestamistas privados muestra la demanda acumulada de financiamiento a medida que se afianza una recuperación desigual tras la decisión del Gobierno de permitir el uso del dólar en las transacciones cotidianas, lo que creó cierta estabilidad para los venezolanos golpeados por años de brutal inflación mientras se desplomaba la moneda local.
“Como hemos visto una mejoría en Venezuela, hemos decidido apostar más”, dijo Gabriel Castillo, director ejecutivo de Ribo Capital, una empresa con sede en República Dominicana que comenzó a ofrecer préstamos en Caracas a fines del año pasado. “Los dólares han llegado a todas las clases sociales”.
Ribo tiene alrededor de 400 préstamos pendientes, con un plazo promedio de 12 meses, frente a los 50 que tenía cuando comenzó en diciembre, según Castillo. Parte de su negocio proviene de la asociación con empresas locales para ofrecer financiamientos de nómina a sus empleados.
Uno de los problemas de los pequeños prestamistas es averiguar si un prestatario determinado tiene posibilidades de devolver el dinero. Tras años de turbulencias económicas, incluida una brutal recesión y las sanciones de Estados Unidos, los historiales crediticios prácticamente han desaparecido, lo que deja a los bancos en una situación difícil.
Así que las empresas han desarrollado sus propias herramientas de puntuación para determinar la probabilidad de que les devuelvan el dinero. Algunas rastrean los metadatos de los teléfonos móviles en busca de patrones de uso que auguren una alta probabilidad de que los usuarios paguen los préstamos, mientras que otras realizan pruebas psicológicas destinadas a medir rasgos como la impulsividad al gasto y el deseo de ahorrar dinero.
Sin impagos
Ese es el método empleado por AlAlza Inversiones, con sede en Caracas, que acaba de lanzar un proyecto llamado Pídelo que ofrece pequeños préstamos a negocios y tiendas de barrio en una zona marginal del este de Caracas conocida como Petare. La empresa otorgó 200 financiamientos en sus dos primeros meses, con tasas de interés que oscilan entre el 3% y el 5% mensual y un plazo máximo de 90 días.
Hasta ahora, nadie ha dejado de pagar los préstamos, que rondan los US$500, según Daniel Berconsky, director general de Pídelo.
Otra startup, Cashea, lanzó una aplicación para teléfonos móviles que los consumidores pueden usar en las tiendas participantes para comprar artículos por cuotas. La empresa ha firmado acuerdos con 26 comercios desde octubre y dice que no ha tenido ningún impago.
Aunque nadie discute que se ha producido un auge de los préstamos en Venezuela en relación con la escasez de financiamiento disponible en los últimos años, los datos concretos son difíciles de obtener. El país es un páramo crediticio, en el que incluso el Gobierno no puede obtener préstamos tras el default de sus bonos hace cinco años.
Falta de datos
No existe información pública sobre el número de prestamistas privados que operan en Venezuela, y nadie lleva un registro de las tasas de interés promedio, los montos de los préstamos o el perfil típico de los clientes. Y aunque la cartera de financiamiento del sistema bancario oficial es de poco más de US$650 millones, menos del 4% corresponde a financiamientos de consumo, según la consultora bancaria Aristimuño, Herrera & Asociados, con sede en Caracas. Esta cifra contrasta con el 30% de la vecina Colombia.
Las autoridades desincentivaron el otorgamiento de préstamos de consumo tanto a los bancos como al sector de las tarjetas de financiamiento por temor a que se reavivara la inflación. El resultado es que muchas tarjetas de financiamiento tienen límites promedio de apenas US$50, aunque algunas ofrecen menos de US$1 de financiamiento.
La industria crediticia podría ser aún mayor, pero los inversionistas dudan debido a la falta de normas claras y las perspectivas inciertas de la economía, según Carlos Aguiló, director de la asociación de capital privado Venecapital y fundador de una incubadora de emprendimientos tecnológicos. Hasta que no existan más instituciones no bancarias, la demanda insatisfecha de financiamiento la cubrirán los prestamistas informales, a menudo usureros, que cobran comisiones prohibitivas de hasta el 20% mensual.
La falta de préstamos se debe en parte a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro por frenar la inflación en años anteriores, cuando restringió la capacidad de los bancos para otorgar financiamientos. Los consumidores fueron los más afectados por la prohibición.
“Los préstamos sin garantía son un segmento que Venezuela perdió de vista hace más de 10 años”, dijo Pedro Vallenilla, director general de Cashea. “Es una gran oportunidad”.
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