Ciudad de Panamá — Un ejecutivo de Luxemburgo que está detrás de un exitoso esfuerzo por hacer retroceder la transparencia empresarial europea era propietario de empresas en paraísos fiscales de alto perfil, según muestran los documentos filtrados.
Patrick Hansen, de 50 años, fue uno de los dos demandantes que la semana pasada que convencieron al más alto tribunal de Europa de que hacer públicos los nombres de los propietarios de las empresas viola la intimidad personal y el derecho a la protección de los datos personales.
Las empresas offshore de Patrick Hansen, uno de los demandantes en un proceso que cuestionaba el registro público de propiedad de empresas de Luxemburgo, aparecen en los Pandora Papers.
Los registros de la investigación de los Pandora Papers de 2021 muestran que Hansen era propietario de una sociedad tenedora de acciones en las Islas Vírgenes Británicas con actividades en Luxemburgo, Chipre y Rusia y con activos valorados en más de US$3 millones. Hansen también era copropietario de una empresa registrada en el paraíso fiscal centroamericano de Belice, según los registros.
La sentencia del 22 de noviembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) anuló un requisito de 2018 que obligaba a los Estados miembros a crear y publicar bases de datos de propietarios de empresas. En los últimos años, esas bases de datos han permitido a periodistas, abogados y miembros del público identificar mejor de quién es el dinero que fluye hacia las empresas fantasma y otros vehículos para el secreto empresarial.
Los defensores de la transparencia, muchos de los cuales llevan tiempo presionando a los gobiernos para que adopten registros públicos, criticaron inmediatamente la sentencia.
“El acceso a los datos sobre la propiedad efectiva es vital para identificar, y detener, la corrupción y el dinero sucio”, dijo Maíra Martini, experta en anticorrupción de Transparencia Internacional, en un comunicado. “La decisión del tribunal nos hace retroceder años”.
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Bélgica anunciaron la suspensión de las páginas web que horas antes permitían a los ciudadanos identificar a los propietarios de las empresas registradas en esos países.
El retroceso de la transparencia en Europa se produjo incluso cuando otras regiones han adoptado bases de datos públicas de propietarios de empresas. Los gobiernos de América Latina, África y Asia han introducido en los últimos años registros de propiedad, en algunos casos citando las revelaciones de las investigaciones sobre finanzas en paraísos fiscales realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ignora todas las lecciones aprendidas en la última década a partir de filtraciones como los Papeles de Pandora y los Papeles de Panamá”, dijo en un comunicado Moran Harari, investigador principal de Tax Justice Network (Red para la justicia fiscal), quien pidió a los gobiernos que abrieran una audiencia sobre la sentencia.
La demanda cuestiona las reformas de transparencia en los paraísos fiscales
El tribunal emitió la decisión a raíz de una demanda presentada por Sovim S.A. y una persona que respondía a las iniciales W.M. Los medios de comunicación luxemburgueses identificaron posteriormente a W.M. como Patrick Hansen, director general de la empresa de aviones privados Luxaviation.
Hansen cofundó la empresa en 2008 junto con Nicolay Bogachev, un antiguo oficial del KGB soviético, según los medios de comunicación. Bogachev ya no está involucrado en la empresa.
Como parte de la demanda en Europa, Hansen y Sovim S.A. argumentaron con éxito que el registro público de Luxemburgo, establecido a raíz de un requisito de la Unión Europea para que los Estados miembros concedan acceso público a la información sobre la propiedad de las empresas, exponía a los propietarios de las empresas a riesgos de “fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación”.
Las Islas Vírgenes Británicas y Belice han sido criticadas durante años por su falta de transparencia por parte de los activistas anticorrupción, los inspectores fiscales y los agentes de la ley.
Hansen no respondió a las solicitudes de comentarios.
Filippo Noseda, un abogado que ayudó a dirigir el caso contra el registro público, dijo en una declaración después del fallo que la sentencia “representa una victoria para la protección de datos y el Estado de Derecho en un contexto extremadamente politizado.”
¿Afecta este fallo a Panamá y su nuevo registro de beneficiarios?
A pesar de que esta decisión del Tribunal de Justicia de la UE a su registro público no afecta directamente a Panamá porque el registro panameño es único y privado, el abogado Carlos Barsallo y expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, coincide en que es “un retroceso” en la transparencia y acceso al público a información”.
Con este fallo se van a dificultar las investigaciones de casos de alegada corrupción y las autoridades no podrán contar con la ayuda del público sino que en la UE ahora desarrollará el principio de persona interesada o con interés legítimo para que en el caso de las oenegés y los periodistas puedan acceder a la información, explicó Barsallo a Bloomberg Línea.
La medida también es una contradicción a la tendencia mundial en esta materia. Por ejemplo, en Reino Unido el registro de mantiene de carácter público y en el caso de Panamá, el país centroamericano se encuentra en la fase de conformar y cargar información a su registro privado y único, creado mediante ley hace dos años; y al que solo tienen acceso cinco autoridades.
Este registro, recordó el jurista, no fue un requisito del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que Panamá saliera de la lista gris sino que fue adoptado por decisión propia de Panamá en 2019.
Como parte de su recomendación número 24 en marzo de 2022, el GAFI estableció el registro y también permite que no se tenga en caso de que se logre el objetivo de identificar al beneficiario final.
** El autor del artículo es periodista y pertenece al International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
*Con información de Mary Triny Zea, periodista de Bloomberg Línea, para lo referente a Panamá.
