En Colombia existe el Mecanismo de Protección al Cesante mediante el cual, a través de las cajas de compensación familiar, los trabajadores formales del país tienen cierta cobertura por si pierden su empleo, sin embargo, deja por fuera a muchos y tiene varias deficiencias, tanto así que el Gobierno estaría pensando en reformarlo.
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que está en construcción y será la hoja de ruta para avanzar en temas cruciales para el país durante los próximos cuatro años, el Gobierno buscará formas de financiar apoyos para los ciudadanos que pierdan su empleo en el país.
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El nuevo seguro de desempleo, en el que se quiere incluir también a los trabajadores informales, el Gobierno plantea la exploración de nuevas formas de financiamiento para quienes no acceden a la oferta del Sistema de Subsidio Familiar, dice el documento.
Además, los nuevos recursos de financiación que se conseguirían para robustecer el seguro actual permitirían dar apoyo universal en la cobertura de ingresos y servicios a los desempleados, la inserción laboral productiva de quienes no cuentan con un empleo formal o informal e implementación de políticas activas de mercados de trabajo que apoyen la reinserción, colocación laboral y emprendimiento, detallan las bases del PND.
Aunque aún faltan varios detalles por exponerse y esto es un documento en construcción, pues se espera que sea en febrero cuando el PND del Gobierno Petro quede listo, incluir a la población informal en este seguro significaría un avance, según expertos consultados por Bloomberg Línea.
¿Cómo robustecer el seguro de desempleo?
Para el economista Carlos Prada, primero debe construirse o mejorarse el registro de información que se tiene sobre la población que podría ser beneficiaria del subsidio.
“En este momento en Colombia hay un registro social que lo hizo Planeación Nacional, que lo tiene el DPS, pero lo más importante es que podamos tener una información organizada. En países donde aplica este subsidio como por ejemplo en EE.UU., las autoridades conocen perfectamente cuáles son esas personas, si han recibido ingresos en las últimas semanas o meses, en qué tipo de empresas han trabajando, entre otros”, dijo Prada.
“Lo clave será transitar de esquemas normativos basados en la protección al empleo hacia uno de protección al trabajador. Esto resguardaría los ingresos del trabajador frente a contingencias y permitiría a las empresas ajustarse al ciclo económico”,
Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.
Desde la visión del economista Gabriel Angarita, no se trata solo de dar un subsidio sino de mejorar las condiciones de educación y acceso a crédito para que las personas puedan buscar un mejor empleo o migrar a otros sectores de la economía. “Ese esquema requerirá de mucha coordinación con otras entidades. Por ejemplo, con el Sena para que sus programas de educación se adapten y cubran a las distintas poblaciones”.
En el caso de acceso a créditos, Angarita agregó que “existe una experiencia positiva con el Fondo Nacional de Garantías para que preste su apoyo a las personas en situación de desempleo que quieran acceder a créditos para iniciar algún emprendimiento”.
Por su parte, Ana Fernanda Maiguascha, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), comentó que se recomienda considerar la propuesta elaborada por González-Velosa y Robalino (2020).
“Los autores proponen la introducción de un sistema de protección ante el desempleo que combina características de un seguro de desempleo tradicional (provisión temporal de un ingreso monetario para trabajadores cesantes, financiado con parte de las contribuciones de cesantías) con un sistema de cuentas individuales de ahorro, el cual incorpora un ingreso básico garantizado que protegería a trabajadores que enfrentan altos riesgos de desempleo”, comentó Maiguashca.
¿Y cómo financiarlo?
La directiva del Consejo Privado de Competitividad agregó que “en el corto plazo se puede financiar con los aportes a cajas de compensación. Ideal, transitar a un sistema de financiación que no dependa de la situación de empleo. Un seguro de verdad”.
Maiguashca también dijo que “el seguro sería obligatorio y cubriría a todos los trabajadores de la clase media vulnerable gracias a la incorporación de un mecanismo redistributivo sobre la base de los ingresos de los trabajadores, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y de innovaciones tecnológicas para recaudar los aportes de los trabajadores informales a través del consumo”.
La directiva del CPC enfatizó en que “los beneficios del subsidio se condicionarían a la participación de la gente en programas activos de mercado laboral como intermediación y reentrenamiento”.
Sobre la financiación, Gabriel Angarita expuso que “el Gobierno Nacional podrá disponer de los recursos adicionales de la reforma tributaria, que a la fecha no se han asignado. Tendrá una amplia bolsa de recursos, de cerca de $15 billones, para dedicar a estos programas”.
Sin embargo, comentó que “más allá del presupuesto, el reto del Gobierno Nacional es coordinar todas las entidades que ofrecen estos servicios para que lleguen a la población objetivo y les sirva para superar la situación de desempleo o informalidad”.
