Bloomberg — Una propuesta de reforma constitucional presentada a última hora del lunes en el Congreso pretende que el gobierno entrante exima el equivalente a 175.000 millones de reales (US$32.600 millones) por año del límite fiscal del país para gastarlo en programas sociales hasta 2026.
El proyecto de ley, presentado formalmente por el senador Marcelo Castro, es la primera salva en lo que se espera que sea un largo debate político sobre cuánto podrá gastar el gobierno que asuma el 1° de enero para cumplir sus promesas de campaña.
Esta semana, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra en Brasilia para iniciar las negociaciones con los legisladores sobre el proyecto de ley. Lo que está en juego es la ruptura de la más importante barrera de contención de la política fiscal de Brasil: una norma que limita el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año anterior.
El martes, el equipo de Lula obtuvo el número necesario de firmas para iniciar el proceso legislativo en el Senado. “Estamos negociando para aprobar la enmienda constitucional lo antes posible”, escribió Castro en un comunicado.
Los activos brasileños subieron el martes en medio de un repunte en los mercados globales y mientras los operadores especulaban que el proyecto de ley podría ser diluido en el congreso.
Aunque el equipo de Lula necesita los recursos extra para asegurarse de que puede financiar su programa insignia de ayuda social Bolsa Familia, algunos legisladores son reticentes a apoyar la propuesta por temor a poner en riesgo la posición fiscal de Brasil. Los inversores también observan con atención el proyecto de ley, ya que es probable que afecte a la sostenibilidad de la deuda del país y, por tanto, a las valoraciones de los activos.
Aunque el proyecto de ley propone cuatro años de gasto por encima del límite fiscal, “todo puede cambiar en el Congreso” durante las negociaciones, dijo Castro a los periodistas en Brasilia tras presentar la propuesta. “Lo que necesitamos es llegar a un consenso sobre el tiempo y el valor”.
Para ser aprobado, el proyecto necesita un amplio consenso en el Congreso, es decir, 308 de los 513 votos de la Cámara Baja y 45 votos de 81 senadores. El equipo de Lula tendrá que ser lo suficientemente hábil como para garantizar ese apoyo en dos rondas de votaciones antes de la fecha límite del 22 de diciembre. Sin embargo, algunos legisladores son reacios a dar al gobierno de Lula la capacidad de gastar más allá de la norma para su mandato completo de cuatro años y preferirían un período más corto.
Aunque el proyecto de ley presentado el lunes no tiene una cifra específica para quedar exento del límite de gasto, el programa Bolsa Familia que el equipo de Lula quiere mantener más allá del límite cuesta 175.000 millones de reales (US$32.600 millones) al año.
Lindbergh Farias, un aliado clave de Lula, dijo anteriormente a Bloomberg News que el gobierno entrante quiere que al menos 151.000 millones de reales (US$28.600 millones) al año queden excluidos del límite y que el equipo de transición está sopesando avanzar con medidas provisionales, que requieren menos apoyo en el Congreso, si la propuesta de enmienda constitucional no avanza.
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