Tegucigalpa — La presidenta hondureña, Xiomara Castro, declaró esta semana emergencia nacional en materia de seguridad e instruyó a la Policía Nacional que, por medio de evaluaciones comunitarias, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores donde se amerite.
En las próximas horas, la Policía Nacional someterá a consideración del Poder Ejecutivo 60 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente, para que se implemente el estado de excepción y luego se ejecutará un plan de extensión en otras ciudades conflictivas del país.
Las acciones son parte del Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos, previsto para una duración de seis meses, con el que el Gobierno busca frenar la actividad extorsiva de estructuras criminales, principalmente de maras y pandillas.
“Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión; como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, impunidad y narcotráfico”, dijo la mandataria en Casa Presidencial.
La extorsión —dijo Castro— “es el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras, que está afincada en diferentes áreas, una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios”.
Además, Castro confirmó que ha dado instrucciones a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que vigile la venta de chips para teléfonos, un proceso que a partir de ahora solo se realizará con el documento nacional de identificación (DNI) del comprador.
A nivel económico, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) deberá establecer también “medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas”, dijo la presidenta hondureña.
El paralelismo con las medidas de El Salvador
Como parte de la estrategia nacional, la Secretaría de Seguridad enviará a 20.000 policías para que patrullen las calles. “Los tentáculos del crimen organizado llegan a diferentes niveles de la sociedad, pero la sociedad debe confiar en su Policía Nacional”, dijo el director general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, quien agregó que en las últimas semanas han hecho allanamiento en estructuras criminales.
Las medidas anunciadas por Honduras han sido comparadas con las que El Salvador está implementando desde el 27 de marzo para combatir a las pandillas. Según el Gobierno del país vecino, la administración de Nayib Bukele ha capturado desde entonces a más de 58.000 vinculadas a estructuras delictivas y se contabilizan 146 días con cero homicidios.
Sin embargo, diferentes sectores han cuestionado el régimen de excepción de El Salvador, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a mediados de noviembre emitió un comunicado para expresar su preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales; por lo que llamó al Estado a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto, el secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, dijo a medios de la capital que el método de El Salvador no encaja con Honduras. “Hay fenómenos sociales en cada país. Ellos están aplicando medidas de acuerdo a su realidad, espacio, legalidad y a otros factores que se dan. Honduras es dueño de sus propias realidades sociales y económicas”.
Honduras, que ha figurado entre los países más violentos del mundo, sin vivir en guerra, podría cerrar el 2022 con una tasa de “40,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir un punto menos que el año pasado”, según informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah).
