La decisión del Gobierno boliviano de postergar el Censo de Población y Vivienda, con la consecuente reacción del Departamento de Santa Cruz de la Sierra de contestar con un paro indefinido, ha generado un fuerte impacto en la región más rica del país. Según el secretario general de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Juan Carlos Vargas, más de 35.000 trabajadores de micro y pequeñas empresas habrían sido despedidos como consecuencia de los 32 días de huelga.
El dirigente advirtió que el paro afectará a más de 75.000 familias de manera directa y a miles de familias productoras del país que tienen sus nichos de mercado en Santa Cruz.
“Son 35.000 trabajadores afectados de manera directa, que ya están buscando otra actividad, debido al cierre de 5.000 unidades productivas”, apuntó Vargas en declaraciones a Bolivia TV
Además, sostuvo que la afectación económica es de US$120 millones.
Las pérdidas económicas que acusa el Gobierno
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas calculó un daño económico mayor a los US$780 millones por el paro cívico en Santa Cruz. El sector más afectado es el agropecuario, según reportó la agencia estatal ABI.
Por momentos, las diferencias entre Santa Cruz y el Gobierno parecieran acercarse, ya que el Ejecutivo ahora afirma que los escaños legislativos de 2025 se repartirán en base a los resultados del censo, que se llevaría a cabo en marzo de 2025. Sin embargo, la tensión continúa.
