Bogotá — La Fiscalía General de la Nación informó este jueves que está investigando supuestas irregularidades en el reparto judicial de dos demandas civiles que interpusieron el Grupo Sura y Cementos Argos contra miembros de Junta de este primer conglomerado y en el marco de la definición de la oferta pública de adquisición (OPA) de Nutresa.
Dichas demandas civiles fueron interpuestas por los representantes legales de Sura y de Argos y en contra de quienes votaron a favor de vender en la OPA: Andrés Bernal, Ángela Tafur y Ximena Lombana, que además representan los intereses de la familia Gilinski en la organización.
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Cabe recordar que el 10 de noviembre pasado se hizo una junta en la que hubo una renuncia masiva de los representantes del GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), y los tres que quedaron -Tafur, Bernal y Lombana- votaron a favor de la venta de las acciones, situación que ha generado una controversia jurídica sobre la validez de esa decisión.
Lo que se cuestiona penalmente es el trámite judicial que se surtió en ambas demandas civiles en contra de los miembros de Junta que representaban a los Gilinski porque estas quedaron en el mismo juzgado, en el 5 Civil del Circuito de Medellín, a cargo del juez Rafael Antonio Matos Rodelo. En ese despacho fue en el que ordenaban no acatar la decisión que tomaron ese 10 de noviembre los tres miembros ya mencionados.
La denuncia, conocida por Bloomberg Línea, fue interpuesta por el abogado Andrés Garzón Roa, quien pidió que se investigue “la celeridad del reparto correspondiente y la actuación en el mismo día del despacho”. Y agregó: “El mismo día que llega la demanda al juzgado, como se puede observar en la página web de consulta de la rama, en solo pocas horas luego de la radicación y reparto del proceso, esto es, el mismo día 17 de noviembre de 2022, se emitió auto admisorio de la demanda”.
En la denuncia, Garzón cuestionó que “el mismo día, un despacho con toda la carga judicial de los otros procesos, estudió, analizó y profirió auto mediante el cual se ordenaron medidas cautelares dentro del proceso. De acuerdo con la información pública obrante en la página web de consulta, el auto no fue fijado en el estado en la fecha correspondiente, lo que también amerita la investigación con peritos informáticos”.
Además, el abogado se pregunta el porqué no se había notificado de la decisión a las partes, además de cuestionar que el Grupo Sura envió un hecho relevante con la decisión del juez.
“Si hacemos una comparación al funcionamiento normal del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín encontraremos que, de ninguna manera, los autos de inadmisión, admisión y/o rechazo de las demandas se profieren en 48 horas o menos”, dijo Garzón en sus argumentos al fiscal.
Ante esta denuncia, la Fiscalía General señala que “indaga posibles irregularidades en los procedimientos de reparto, en los autos admisorios y en la adopción de medidas cautelares, en el trámite de dichas demandas civiles, que podrían configurar hechos de corrupción judicial”.
De esta manera, la Fiscalía anunció que pondrá a dos fiscales, uno de ellos delegado ante el Tribunal del Distrito, y a un equipo interdisciplinario (conformado por servidores de policía judicial, abogados, expertos en informática forense, administradores de empresas y contadores) para que avancen en la investigación.
Bloomberg Línea se comunicó con el abogado Andrés Garzón, quien dijo que no se pronunciará sobre el tema. Además, habló con el Grupo Sura y manifestaron que por ahora no hay comentarios al respecto.
