San Pedro Sula — Más de 206.000 hogares hondureños, equivalente al 9%, han sido víctimas de extorsión en lo que va de 2022, según un informe presentado esta semana por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El estudio “Impuesto de guerra: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras” revela que los hondureños podrían estar pagando hasta US$737 millones al año, equivalente a 18.000 millones de lempiras (HNL) en moneda local, a estructuras del crimen organizado y personas confabuladas u obligadas a involucrarse en el proceso de extorsión.
En conferencia de prensa, representantes de la ASJ dijeron que, a pesar de los esfuerzos estatales, la extorsión persiste y evoluciona. Mientras que El Salvador y Guatemala se han reducido los niveles de este flagelo, Honduras no ha seguido esta tendencia y en la encuesta más reciente del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) el país presentó la tasa más alta de extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica. Además, nuevos tipos de extorsionadores surgen, emplean esquemas no tradicionales y dificultan la investigación criminal.
El estudio recoge datos obtenidos a través de solicitudes de información remitidas al Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS).
Además de entrevistas, una encuesta realizada a nivel nacional y herramientas de recopilación de información de expedientes judiciales, comprendidos entre noviembre de 2021 y abril de 2022, evaluando principalmente la gestión del gobierno anterior y de la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP), ahora, desde julio de 2022, llamada Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
La respuesta de las autoridades
El documento indica que 847.154 menores, jóvenes y adultos han sido impactados por la extorsión en Honduras durante este año. Sin embargo, el número podría ser aún más alto debido a nuevas tendencias en el delito, y es que, a pesar del incremento en denuncias, se estima que 99% de los casos de extorsión nunca son informados a las autoridades.
Según datos del Ministerio Público (MP), dos de cada tres víctimas que interponen una denuncia son hombres y la mitad tienen entre 30 y 50 años. Mientras que 85,8% de las personas procesadas por el delito son hombres entre 18 y 28 años.
La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, oficializará mañana en Casa Presidencial el Plan Nacional Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, el cual contempla actividades y controles especiales en barrios, colonias, aldeas y caseríos de varias ciudades del país.
En las últimas semanas, más sectores de la sociedad han denunciado el incremento de delitos vinculados a la extorsión, principalmente en contra de empresas privadas y el sector de transporte.
“El delito de la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras, más allá del impacto económico que provoca a las víctimas que van desde pequeños hasta grandes empresarios”, dijo Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en un evento celebrado días atrás en San Pedro Sula. Al tiempo de agregar que el 10% de los desplazamientos forzados están relacionados a víctimas de la extorsión.
