Bloomberg — FTX de Sam Bankman-Fried ya estaba en el radar de los fiscales de Manhattan (Estados Unidos) meses antes de que el imperio de la criptomoneda se derrumbara este mes.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, dirigida por Damian Williams, estaba trabajando hace algunos meses en un examen exhaustivo de las plataformas de criptomonedas con sede en Estados Unidos y en el extranjero, y había empezado a mirar las operaciones de intercambio masivo de FTX, según personas familiarizadas con la investigación.
La atención de los fiscales se había centrado en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, dijeron las personas que conocen el asunto. Las autoridades han utilizado esta ley, que exige a las instituciones financieras que tomen medidas para evitar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, para perseguir a las plataformas de criptomonedas que supuestamente afirman falsamente que no sirven a clientes estadounidenses. FTX, con sede en Bahamas, operaba uno de los mayores intercambios internacionales de criptomonedas del mundo, así como una sede separada y mucho más limitada llamada FTX US que decía cumplir con la ley.
No está claro si los fiscales de Manhattan llegaron a alguna conclusión en su investigación antes de que FTX -valorada en casi US$32.000 millones en una financiación de enero- se derrumbara, haciendo que el mercado de criptomonedas cayera en picado y planteando dudas sobre la exactitud de sus promesas de salvaguardar los activos de los clientes. Eso puso la investigación federal en una nueva trayectoria, dijeron las personas.
Los representantes de la oficina del fiscal de EE.UU. y FTX declinaron hacer comentarios.
El barrido de meses de duración muestra que las extensas operaciones de FTX estaban planteando preguntas incluso antes de que los miles de millones de dólares en vínculos financieros entre el operador de la bolsa y el brazo de inversión Alameda Research Ltd. de Bankman-Fried alarmaran a los inversores y llevaran a su imperio a desmoronarse.
Los fiscales y los reguladores, entre ellos la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, buscan ahora la ayuda del nuevo director general de FTX, John J. Ray III, que asumió el cargo en el marco de su procedimiento de quiebra y está sorteando lo que describió como “una ausencia total de información financiera fiable”.
La semana pasada, Ray dijo al tribunal de quiebras en una presentación que su equipo había encontrado préstamos de más de US$1.000 millones hechos por Alameda a Bankman-Fried y otros ejecutivos. La presentación también alegó que se utilizó un software para ocultar el uso de los fondos de los clientes. La fiscalía deberá determinar si esta conducta infringe las leyes. Hasta el momento, no han acusado a nadie de haber actuado de forma incorrecta.
Conocida desde hace tiempo por su destreza en la lucha contra los delitos financieros complejos, la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Manhattan ha manejado la mayor parte de los casos de criptografía del gobierno desde que los activos digitales se pusieron de moda hace una década. Eso incluye una media docena en el año hasta octubre, aproximadamente el doble del número presentado por otras oficinas del Departamento de Justicia en ese período, un análisis de los expedientes federales muestra.
La oficina se beneficia de las antiguas relaciones de trabajo entre sus fiscales y los investigadores del FBI y la SEC, así como de su ubicación en el mayor centro financiero del país. Los fondos que pasan por Wall Street, o un intercambio de correos electrónicos con una de las muchas empresas de la ciudad, pueden dar a los fiscales de allí una ventaja para reclamar la jurisdicción.
Muchas leyes sobre valores se promulgaron en la década de 1930, mucho antes de que aparecieran las monedas digitales, lo que obliga a los investigadores a estructurar sus casos con especial cuidado, dijo Samson Enzer, antiguo fiscal del Grupo de Trabajo sobre Fraude de Valores y Materias Primas del SDNY. Trabajó en la primera acusación vinculada a una oferta inicial de monedas cuando los fiscales estaban empezando a cuestionar si las leyes de valores se aplicaban a la clase de activos.
“Tuvimos que pensar en muchas de estas cuestiones, y te enfrentas a acusados con muchos recursos”, dijo. “Hay que tener en cuenta los argumentos que pueden esgrimir. ¿Cómo podemos persuadir a un tribunal?”.
Fraude electrónico
Los fiscales del Distrito Sur invocaron la Ley de Secreto Bancario en 2020 contra empleados de alto nivel de la plataforma de criptomonedas BitMEX, con sede en Seychelles, que supuestamente permitió más de US$209 millones en transacciones con mercados conocidos de la red oscura. BitMEX argumentó que no necesitaba políticas contra el lavado de dinero o de conocimiento del cliente, en parte porque no tenía clientes estadounidenses y no estaba registrada en los Estados Unidos. Sin embargo, los clientes burlaron los intentos de la plataforma de bloquear las direcciones IP en EE.UU., según un memorando de sentencia del gobierno presentado en el tribunal federal.
La pérdida de los fondos de los clientes de FTX significa que las autoridades examinarán si la bolsa engañó a los clientes sobre la forma en que se mantendrían sus activos, dijeron los antiguos fiscales. Para probar el fraude electrónico, los investigadores tendrían que demostrar que alguien en FTX lo hizo con fines lucrativos utilizando un cable, como una llamada telefónica, un correo electrónico o un texto.
El caso de la quiebra de FTX ayudará a los fiscales a averiguar qué documentos existen para citar. Los investigadores también buscarán las comunicaciones entre los empleados, ya sea por correo electrónico, Slack, Signal o WhatsApp, así como el testimonio de los testigos, dijo Anand Sithian, un ex fiscal federal ahora en Crowell & Moring.
“Lo que va a ser difícil cuando se emite una citación a las instituciones financieras puede tomar 30, 60, 90, días para procesar”, dijo Sithian. “Aquí, si envías una citación, no sé si la empresa, FTX, tendría eso listo. Puede que tengan que volver a crearlo”.
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