San Pedro Sula — Los esfuerzos de políticas y acciones coordinadas serán claves para que la región logre atenuar los altos niveles de inflación que las economías están enfrentando y superar así el desafío de la crisis sanitaria.
En términos económicos, el año 2021 estuvo caracterizado por ser de recuperación después de la importante contracción registrada en 2020 como consecuencia del avance de la Covid-19; pero al mismo tiempo, fue el inicio de un importante incremento en los niveles de precios, principalmente en los sectores de alimentos, hidrocarburos y energía.
Sin embargo, las consecuencias de esa elevada inflación sobre el crecimiento económico no se manifestarían sino hasta este año, lo cual obligaría a las autoridades monetarias de casi todos los países a ajustar al alza las tasas de interés.
Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Cosefin) publicó un análisis macrofiscal de los países.
El mismo surge motivado por dos razones: la sostenibilidad fiscal promueve la estabilidad requerida para alcanzar el crecimiento inclusivo; y porque en un contexto postcivd-19, la sostenibilidad de la deuda pública y los espacios fiscales en general se vieron fuertemente deteriorados.
De acuerdo con el reporte, a cargo de Alfredo Flores, secretario ejecutivo del Cosefin, y Nelson Salazar, asesor técnico de la Secosefin, los países entrarán en su mayoría en una trayectoria descendente para el indicador deuda/PIB durante el período 2022-2026, lo cual es una manifestación de una mejora generalizada en salud de las finanzas públicas regionales. La única excepción a lo anterior es El Salvador, en donde la trayectoria se prevé ascendente hacia 2026.
El caso del “súper bono” de Belice
Pese a no ser parte de la Cosefin, el informe de la instancia regional estudió la situación fiscal de Belice, partiendo de que la aplicación de un llamado “súper bono”, con el que el país logró estructurar una deuda con Estados Unidos por un monto de US$552,9 millones, representó una estrategia no convencional de gestión de deuda, que puede ser alternativa factible para mejorar en términos generales la sanidad de los indicadores de sostenibilidad para el resto de la región.
Previo a la pandemia causada por la covid-19, el saldo de la deuda pública ya exhibía trayectorias explosivas; de manera que durante 2020 el saldo de la deuda llegó a un valor máximo de 104,5% del PIB.
La reestructuración implica que para el período 2022-2026, la trayectoria del coeficiente deuda/PIB tendrá una tendencia a la baja. En tal sentido, los niveles máximos para el saldo de la deuda se situarían entre 75% y 80% del PIB.
Las perspectivas para cada país de la región
Costa Rica: desde finales de 2009, la trayectoria del endeudamiento público de Costa Rica ha sido ascendente; alcanzando máximos en 2020 (67,2% del PIB) y en 2021 (68,2% del PIB).
No obstante, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2022, se vislumbra un descenso en el coeficiente deuda/PIB para el período 2022-2026.
El descenso se debe entre otras cosas a una mejora en el superávit primario, la estabilización de la deuda de las administraciones públicas en 2020 y una disminución gradual en los años siguientes. Además, se percibe un alto compromiso por parte de las autoridades para mantener los esfuerzos de consolidación fiscal.
El Salvador: la fuerte recuperación económica observada en 2021, junto con las mejoras en la recaudación y una contracción del gasto; hicieron posible que el saldo de la deuda descendiera hasta 82,4% del PIB.
En 2022, el saldo de la deuda pública sigue descendiendo a causa de mejoras en la recaudación que introducen una mejora en el resultado fiscal primario.
No obstante, a partir de 2023 se estima que el coeficiente deuda-PIB muestre un comportamiento alcista que es estimulado principalmente por las aportaciones de la tasa de interés real y por déficits primarios persistentes.
Por otra parte, en El Salvador, tres de los indicadores básicos que evalúan la sostenibilidad de la deuda pública se encuentran por encima de los umbrales críticos: deuda-PIB, deuda-ingresos e intereses-ingresos.
Esto devela dos cosas: por un lado, se han hecho esfuerzos por incrementar la recaudación. Lo que se ha visto reflejado en una mejora en el resultado primario, pero, por otro lado, que el crecimiento económico que se proyecta para el período 2023-2026 no es suficiente para que el coeficiente deuda-PIB tenga una trayectoria descendente.
Guatemala: es uno de los países en América Latina y el Caribe que tiene uno de los coeficientes deuda-PIB más bajos. El esquema de metas explícitas de inflación (EMEI) implementado por el Banco de Guatemala (Banguat) desde 2005 y una política fiscal prudente; han permitido que Guatemala haya podido enfrentar con éxito dos crisis internacionales: la crisis financiera global de 2009 y la crisis provocada por la Covid-19.
En el contexto de la pandemia, el saldo de la deuda pública fue de 31,5% del PIB. Con la recuperación en 2021 y con una mejora en el resultado primario consecuencia de un incremento en la carga tributaria y una reducción en el gasto.
Se estima que durante el período 2022-2026, la razón deuda-PIB se mantendrá por encima del 30% del PIB, pero por debajo del 35.0% del PIB. Esto se debe a que los valores de tales indicadores básicos están dentro de sus umbrales.
Honduras: la aplicación de las reglas macrofiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal generó durante el período 2016-2019 superávits primarios; lo que sumado a un crecimiento promedio en la actividad económica de 3,8%, hizo posible que la trayectoria del coeficiente deuda/PIB se mantuviera estable y bajo control.
Con la llegada de la pandemia de la Covid-19, el saldo de la deuda fue de 52,4% del PIB. Posteriormente, con la recuperación en 2021, este descendió a 50,2% del PIB y actualmente, según estimaciones de la Secosefin, se proyecta una trayectoria descendente del coeficiente deuda-PIB, aunque superior a los niveles anteriores a la pandemia.
En tal sentido, el saldo de la deuda/PIB se podría ubicar entre 45% y 50% del PIB. Adicionalmente, en el caso de Honduras debe destacarse que más del 50% del total de la deuda pública es con organismos multilaterales y la ampliación del programa de préstamos con el FMI proporciona financiamiento a bajo costo.
Nicaragua: en 2019, se aprobó una reforma tributaria que elevó de 1% a 3% el impuesto sobre la renta de los grandes contribuyentes, además de elevar algunos Impuestos Selectivos al Consumo a mercancías como el tabaco.
Como resultado de dicha reforma, y en conjugación con una recuperación parcial del mercado laboral, los ingresos tributarios se incrementaron; lo que propició que la trayectoria de la deuda no se tornara explosiva.
Con la recuperación económica en 2021, el saldo de la deuda resultante fue de 49,4% del PIB y, con las previsiones de crecimiento económico que serán en promedio de 3,6% para el período 2022-2026, se espera un descenso en el coeficiente deuda/PIB. En tal sentido, el stock de deuda se ubicará entre 45% y 55% del PIB durante 2022- 2026.
Panamá: la economía panameña es un caso atípico dentro de la región Cosefin. Dado que, durante el período 2016-2019, registró niveles de ingreso nacional bruto disponible per cápita mayores a US$12.535; en otras palabras, la economía panameña entró al grupo de países con ingresos altos que, pese al advenimiento de la crisis causada por la Covid-19, bajó de categoría en 2020, en 2021 volvió a ser parte de este grupo.
La deuda respecto al PIB alcanzó en 2020 un pico de 65,6% del PIB que, con la recuperación económica en 2021, descendió a 58,4% del PIB. Se vislumbra, para el caso de Panamá, un descenso en el coeficiente deuda/PIB para el período 2022-2026. Que está fundamentado, como se verá más adelante, en una mejora en el resultado primario y en buenas perspectivas de crecimiento hasta recuperar los niveles observados previos a la aparición de la Covid-19.
República Dominicana: desde 2016 el saldo de la deuda pública venía mostrando una tendencia alcista, que registró un máximo de 71,5% del PIB al cierre de 2020 para hacer frente a las necesidades de gasto social que demandaba en su momento la pandemia causada por la crisis sanitaria.
La recuperación económica en 2021 trajo consigo una mejora en el resultado fiscal primario explicado por un aumento en los ingresos del sector público y por una contracción en el gasto público.
La mejora en el resultado primario y las perspectivas de un crecimiento sostenido y en torno al 4,9% para el período 2022-2026 hacen que las proyecciones del saldo de la deuda respecto al PIB se sitúen a la baja.
