Bogotá — Cada vez son más las quejas que ponen los consumidores de diferentes sectores por la violación de sus datos personales, lo que se observa con la consecución de los mismos, por ejemplo, a través de mecanismos que son considerados ilegítimos, o el uso de ellos con fines comerciales y sin que medie autorización alguna. Prueba de ello es que solo este año se han radicado un total de 33.902 quejas por este asunto y ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Un crecimiento alto si se tiene en cuenta que en todo 2021 las quejas que se interpusieron fueron 28.610, lo que quiere decir que sin que se haya terminado este año y aún faltando diciembre, uno de los meses donde más se mueve el comercio en Colombia, el aumento de querellas ya va en 18,5%.
Ahora bien, las investigaciones que ha abierto en lo corrido de 2022 la Superindustria por este motivo, al encontrar preliminarmente presuntas violaciones o vulneraciones, son 103. Recordemos que recientemente se formuló pliego de cargos contra Avianca porque, a través de su aplicación y según averiguaciones previas de la autoridad de protección, se recolectaron “datos personales utilizando mecanismos considerados ilegítimos puesto que, sin la autorización expresa, previa e informada de los titulares usuarios del aplicativo, y sin informar la finalidades específicas no se debería recolectar y tratar esa información”.
Ante este panorama la pregunta que queda sobre la mesa es ¿cómo los consumidores pueden proteger sus datos personales?
“Debemos ser ciudadanos informados, cuando hagamos transacciones a través del comercio electrónico siempre verificar que en la parte superior izquierda del navegador haya un candado cerrado, que significa que hay una conexión segura, procurar hacer las transacciones de comercio electrónico directamente en el portal, no a través de enlaces, mensajes u otros vehículos; y por supuesto cuidar los datos que tienen que ver con la tarjeta de crédito, los documentos de identidad, las direcciones, los datos sensibles, para que los delincuentes no aprovechen esta situación con el fin de suplantar, que es una conducta delictiva”, le dijo a Bloomberg Línea el exsuperintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.
Además, agregó que es importante que se usen portales y plataformas reconocidas, preferiblemente alojadas en Colombia y sin utilizar redes públicas. Y que en caso de que se presente alguna irregularidad, es necesario acudir a esta Superintendencia después de presentar la reclamación directamente al comercio o al proveedor de bienes y servicios. Si no hay una respuesta en el término definido (15 días) ya se puede presentar la petición a la autoridad.
“Si ya se es víctima de delito, por ejemplo que sacaron un crédito o que adquirieron un teléfono celular, la competencia es de la Fiscalía General y habría que presentar una denuncia penal ante una Unidad de Reacción Inmediata”, detalló.
El sector en el que más se presentan estas fallas, filtraciones y vulneraciones de datos personales es el financiero. De hecho, uno de los casos más sonados este año fue la multa que impuso la SIC a la empresa Credivalores S.A de $800 millones porque, de forma sistemática, desatendió los requerimientos efectuados relacionados con quejas ciudadanas asociadas al Habeas Data financiero, y además desconoció las órdenes impartidas en 20 actuaciones administrativas relacionadas con reportes ilegales efectuados por la compañía ante centrales de riesgo.
En este caso, la autoridad también pudo establecer que en más de 30 oportunidades la firma infringió el régimen de protección de datos.
¿Qué deben hacer las empresas?
Teniendo en cuenta que en Colombia la protección de datos personales es un derecho fundamental, es urgente que las empresas implementen una adecuada política en esta materia, que evite irregularidades y proteja la información personal de sus usuarios, independientemente del mercado en el que operen.
“Se sigue haciendo un llamado de atención para que las organizaciones de todos los sectores inviertan profundamente en que sus soluciones tecnológicas o de uso de bases de datos cumplan con un estándar adecuado de seguridad. Lo segundo, que registren sus bases de datos en la Superindustria como es una obligación de Ley, y lo tercero, que siempre que haya una falla de seguridad, es su obligación informar a esta autoridad”.
Durante 2021 hubo un incremento de 127% en las multas impuestas con respecto a 2020, pasando de 76 multas a 173 multas, por un valor superior a los $13.500 millones. Asimismo, el año pasado se impusieron 2.457 órdenes administrativas para que las empresas cumplan con la legislación que protege los datos personales.
