Debido a un cambio normativo derivado del Decreto 586, firmado por el presidente Guillermo Lasso, el valor máximo al que se podrá emitir una factura a consumidor final se ubica en US$50. De esta forma, todas aquellas facturas que superen ese monto deberán contener los datos de la persona que adquiere el producto o servicio
De esta forma, el Servicio de Rentas Internas (SRI) redujo este límite, que hasta el momento era de US$200. Según explicó el director del SRI, Francisco Briones, esta modificación en la normativa entró en vigencia el pasado 10 de noviembre.
El funcionario explicó que la medida busca mejorar el control en el pago de impuestos de los contribuyentes. De hecho, el SRI endurecerá los controles al pago del Impuesto a la Renta de las personas naturales a partir de 2023.
En adelante, el SRI implementaría, además, la información financiera remitida por Panamá, considerado paraíso fiscal por el Foro Global, que incluye a 137 economías del mundo; y de Estados Unidos, que enviará información al SRI durante los primeros meses de 2023.
“El 2022 ha sido un año de régimen único y temporal para que las personas naturales regularicen sus activos en el exterior. Esa ventana se cierra el 31 de diciembre de 2022. Y el SRI arrancará con todo el control en 2023”, recordó Briones, según recogió el diario Primicias. El SRI proyecta que el incremento en el control tributario aporte a la recaudación unos US$300 millones en 2023. La Proforma presupuestaria contempla US$15.691 millones por ingresos de impuestos en 2023.
No habrá impuesto progresivo a negocios populares
En las últimas horas, SRI lanzó una campaña por redes sociales desmintiendo información periodística que aseguraba que se iba a aplicar un impuesto progresivo a los negocios populares.
“El SRI continuará aplicando el pago de US$60 anuales a los negocios populares hasta el año 2023″, detalló el organismo.
