Bogotá — Al revisar las cifras del Dane se observa que una de las inflaciones más significativas en lo que va del año, no solo por su variación sino por su peso dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es el precio de la energía.
Es por ello que en su balance de sus primeros 100 días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que aunque ha bajado tras los acuerdos que logró la ministra de Minas, Irene Vélez, aún hay un porcentaje de la tarifa que es muy alto y, de acuerdo con Petro, es por cuenta de los especuladores.
“Se redujo, aún insuficientemente, las tarifas de energía del país. Esto gracias al pacto que logró la ministra de Minas, pero hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica demasiado alta basada en la especulación. No se entiende cómo teniendo todos los embalses llenos y repletos estemos pagando $400 por kilovatio hora como si no tuviéramos agua generando energía”, dijo Petro en la entrega de su balance del primer centenar de días de gestión.
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De acuerdo con XM, que se encarga de medir el nivel de los embalses, en la actualidad tienen una ocupación promedio del 88,66%, en Antioquia alcanza el 100% y el nivel más bajo es de los embalses del Valle que están alrededor del 70%.
“El diferencial cuando deberíamos tener la energía más barata hoy que en muchos años de la historia del país es la especulación. Yo creo que hay que actuar, porque a diferencia de la carne de res, en donde también hay especulación, la electricidad es un insumo general de la producción y por tanto provoca un efecto inflacionario en prácticamente todos los productos de la canasta familiar. Si hay una medida anti-inflacionaria fundamental por tomar en Colombia es acabar la especulación en el campo de la energía eléctrica”, agregó Petro.
No todo es especulación
Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores y expresidente de Derivex, una empresa dedicada a apoyar a los agentes del sector eléctrico e industrial a obtener contrataciones eficientes de energía eléctrica a través de un mercado anónimo y estandarizado de contratos de futuros de energía eléctrica, asegura que el presidente Petro puede tener algo de razón, pero advierte y enfatiza en que no es tal cual como él lo dice.
“Puede tener algo de razón, pero hay que revisar muy bien a qué precio de energía hace referencia el presidente”, inicia diciendo Lucio quien posteriormente complementa explicando que “cuando hablamos de precio de energía en bolsa no hay un escenario que justifique de manera fundamental que, en octubre, cuando los embalses estuvieron llenos y tuvimos lluvia por todas partes, hubiera días con subidas tan grandes en el precio. En bolsa el precio sube cuando hay escasez del recurso hídrico y ese no ha sido el caso. No hay justificación fundamental para el comportamiento del precio, en eso, hasta ahí, tiene razón el presidente”.
Lucio expone que si bien el precio de energía en bolsa es uno de los factores que determina la tarifa de la energía, los usuarios finales no perciben plenamente los cambios de precio que se dan en ese mercado.
“Cuando uno habla de tarifa de energía no solo se refiere al precio en bolsa, ese es apenas un componente que poco se transfiere al usuario final, los usuarios sienten muy poco de esos cambios de precio en bolsa. Realmente la tarifa que pagan los usuarios vienen de unos contratos que se negocian en el mercado mayorista, más o menos el 15% en promedio quizá hasta el 20% está ligado al precio de energía en bolsa”, sostiene Lucio.
En esa línea Lucio explica que, si bien los precios en bolsa no tienen fundamentales que los sustenten, no se puede afirmar que esos aumentos que lucen injustificados estén siendo pagados por los usuarios finales.
“Entonces no hay un sustento para que los precios en bolsa se hayan comportado así en octubre, pero no necesariamente eso es un traslado uno a uno que vaya a pagar el usuario, eso depende del comercializador que lo represente, de cómo esté contratado, de los precios que tenga, entonces algo de razón tiene Petro, pero hay que revisar mucho más a fondo que el precio en bolsa”, explicó.
Así mismo, aseguró que el mecanismo que tiene el Gobierno para definir tarifas de energía es el que está consagrado en su participación dentro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que cualquier otra intervención podría ser entendida como un golpe a la institucionalidad del sector.
“La definición de las tarifas y de los precios que los usuarios pagan está a cargo de la CREG, que es un organismo técnico con representación del Gobierno a través de los ministerios de Hacienda Minas y del DNP, pero de ahí a una intervención hay un trecho porque implicaría un ataque a la institucionalidad del sector, yo creo que el incremento de los precios no solo se debe a los especuladores y tampoco es solo por el indexador. Hay asuntos estructurales del sector como el retraso de proyectos como Hidroituango y los de energía renovable que tienen una incidencia muy grande en la tarifa, entonces más allá de intervenir la tarifa hay que revisar cuáles son los causantes de la subida del precio en los últimos años”, sostiene Lucio.
Hidroituango sigue sin fecha
La entrada en operación de las unidades 1 y 2 del proyecto Hidroituango debe darse a más tardar el 30 de noviembre o EPM tendrá que acreditar una garantía por US$207 millones, y además, perdería el derecho a cargo por confiabilidad durante al menos 18 años.
Pese a ello, el gerente de EPM, Andrés Carrillo, cree tener la razón en que por contingencias ajenas a EPM se está produciendo el retraso y en ese orden de ideas la compañía no se vería obligada a cumplir con dicha garantía.
“Depende de una actuación administrativa y esta debe garantizar un debido proceso. Toda actuación administrativa que vaya a generar un efecto positivo o adverso debe contemplar la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o fortuito. Nosotros hemos evidenciado que la pandemia es una fuerza mayor que a nadie le queda duda que puede generar una afectación al cronograma de Ituango o cualquier otro proyecto en Colombia y lo segundo es la situación derivada de la evacuación preventiva, son dos situaciones que no son producto de EPM, no se podían prever y que tienen implicaciones y en el debido proceso es obligación de las autoridades tenerlas en cuenta”, dijo Carrillo.
