Bogotá — Colombia proyecta definir los valores del espectro en enero de 2023 de cara a la subasta de 5G y de momento no se han definido rebajas para los operadores, informó este miércoles el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
“La ANE (Agencia Nacional del Espectro) está trabajando en ello y se tiene pensado que para enero del 2023 estará definido ese valor. En la actualidad se avanza en el estudio de las condiciones de mercado, revisando los criterios que establece la Ley para maximizar el bienestar social”, indicó el Ministerio.
“No hay una rebaja del espectro porque todavía no existe esa valoración. La ANE está trabajando en ello y se tiene pensado que para enero del 2023 estará definido ese valor”, puntualizó la ministra TIC, Sandra Urrutia.
La definición del precio del espectro es una de las principales preocupaciones de los operadores móviles y de la industria en general de cara a la futura subasta del espectro.
De otra parte, el MinTIC informó que actualmente el Gobierno adelanta el trámite de renovación de los permisos de uso del espectro previamente otorgados.
El Decreto 984 de 13 de junio de 2022, que actualiza los topes del espectro radioeléctrico, permitirá la implementación de nuevas tecnologías de telecomunicaciones como la 5G.
“Por tanto, el proceso de asignación y/o renovación de uso permitirá avanzar en el camino de cierre de brechas digitales en el país”, apuntó.
Los altos precios del espectro causaron un retraso de dos años en el despliegue del 4G, privaron a más de 2 millones de colombianos de acceder a estos servicios e impidieron acceder a velocidades de descarga aproximadamente un 40% más veloces, según cifras de la patronal mundial de los operadores móviles GSMA.
Desde GSMA consideran importante poder reducir las trabas normativas para el despliegue de infraestructura a nivel territorial, puesto que perciben que aún se mantienen “fuertes barreras burocráticas” para instalar antenas y sitios móviles en muchos municipios del país.
Por lo anterior, propone promover una política intersectorial para el despliegue de infraestructura y al mismo tiempo garantizar las condiciones jurídicas, lo que se traduce en “reglas claras y estables”.
“La política fiscal también debe estar alineada con los objetivos de inclusión. Si la conectividad es un objetivo social y económico esencial, los impuestos no pueden suponer un obstáculo para la inversión en su expansión, ni para su adopción por parte de los consumidores”, dice a Bloomberg Línea Lucas Gallitto, director para América Latina de GSMA.
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