En una búsqueda por acerca posiciones con el departamento de Santa Cruz, el ministro de Planificación de Bolivia, Sergio Cusicanqui, informó, horas antes del cabildo de Santa Cruz, que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), remitirá los resultados del censo hasta diciembre del 2024 al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que, de acuerdo a sus competencias y atribuciones, proceda a la redistribución de escaños parlamentarios.
Cabe señalar que la región cruceña lleva adelante un paro de 24 días, en protesta por la decisión del Gobierno de retrasar el censo hasta 2024, lo que perjudicaría la reasignación de recursos y la distribución de escaños parlamentarios en las elecciones de 2025. Con este anuncio de Cusicanqui existiría la posibilidad de que ambas partes logren un punto de acuerdo
El debate por los escaños
El cabildo cruceño aceptó que el censo se lleva a cabo el 23 marzo de 2024, siempre y cuando la región no se vea perjudicada en términos parlamentarios y de recursos.
Según detalla el sitio estatal Agencia Boliviana de Información (ABI), el cabildo cruceño determinó quedar a la espera que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se eleve a rango de ley del Estado el Decreto Supremo 4824 que establece la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año.
El cabildo planteó también que la distribución de recursos se ejecute con los resultados finales, y no preliminares, del censo y que la nueva cartografía y nuevas circunscripciones electorales se apliquen en las elecciones generales de 2025.
“Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024, que la distribución de recursos arranque en septiembre del mismo año, tenemos que ir por más”, afirmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.
Las determinaciones del cabildo de Santa Cruz
A pesar de este último acercamiento de posiciones, el tono del cabildo de Santa Cruz fue altamente confrontativo. Rómulo Calvo formuló cinco preguntas a la multitud que asistió al cabildo y a todas ellas el clamor popular bramó “sí”.
Las consultas, que habían sido previamente acordadas, según recoge ABI.
- ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones 2025?
- ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?
- ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que, en el marco de la unidad nacional, se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025?
- ¿Están todos de acuerdo que, si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?
- ¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas, sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio a su derecho a la protesta y se garantice el fin de la represión policial contra el pueblo y sus dirigentes?”.
Respecto de esto último, Calvo aclaró más tarde: “El paro indefinido continúa, las 72 horas son para que liberen a los detenidos y que el resto del país se sume a la lucha”.
