Bloomberg Línea — La cartera de hidrocarburos en Ecuador adelanta la reversión de los contratos petroleros de los bloques 16 y 67 (Tivacuno), que representan el 14% de la producción privada de crudo en el país, con al menos 15.500 barriles diarios.
El contrato vencerá el próximo 31 de diciembre y, como señala la ley, la empresa contratista deberá entregar en buen estado de producción y sin costo para el Estado los pozos que tenga en actividad, incluyendo los equipos, instalaciones, muebles e inmuebles.
A cargo de estos dos pozos está Petrolia Ecuador S. A., una filial de NSE, que según el viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín, no permitió la constatación de bienes en los pozos por parte de representantes de la estatal Petroecuador, programada en tres fechas de octubre. El Ministerio de Energía señala que ambos pozos tienen por lo menos US$2.000 millones en activos.
Lo que dice Petrolia
El viceministro Espín citó para el miércoles 16 de noviembre una reunión entre las partes para tratar temas inherentes al proceso de reversión de los Bloques 16 y 67, que debería cumplirse antes de finalizar el año.
Sin embargo, Ramiro Páez Rivera, apoderado general de Petrolia Ecuador S. A., señaló en una carta a Espín que en febrero de 2022 la empresa solicitó el inicio de las negociaciones para renegociar y extender la exploración y explotación de los pozos por parte de la empresa.
Según Petrolia, “la renegociación de los contratos habilitaría nuestro compromiso de llevar a cabo nuevas inversiones por más de US$200 millones durante los primeros dos años”.
Además, Páez dijo que en diferentes comunicaciones durante el año han “insistido” con el pedido de que se designe la comisión negociadora del Ministerio para la renegociación. Incluso menciona que se ofreció una colaboración con Petroecuador para el desarrollo de los bloques 31 y 43.
“Con tales antecedentes, en cumplimiento de las disposiciones legales y derechos contractuales, corresponde al Ministerio proceder de manera inmediata a la designación de la comisión negociadora por parte del Estado. No hacerlo incumple la ley y los Contratos, viola el ejercicio de nuestros derechos y atenta contra la seguridad jurídica del país”, dijo en la carta el apoderado general de Petrolia Ecuador S. A. en una carta dirigida al viceministro de Hidrocarburos, Rubén Espín.
Pese a las diferentes comunicaciones, recientemente el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, señaló que los contratos con Petrolia prevén que una renegociación debe plantearse dos años antes de la terminación de los mismos, es decir, la solicitud debía llegar en enero de 2021. “Pero no ha ocurrido así y (Petrolia) ha pedido la renegociación en los últimos meses”, dijo el ministro a los medios.
Para el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, la decisión del gobierno de Guillermo Lasso es correcta, pues si se amplía el plazo podría representar un perjuicio para el Estado de US$2.000 millones.
Si en el poco tiempo que queda la renegociación no se logra, los campos volverán a estar en poder de Petroecuador hasta que se abra una nueva licitación de exploración y explotación para el crudo extrapesado de los campos 16 y 67.
