La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) ratificó un fallo por el cual el Estado peruano deberá indemnizar con US$177 millones a la filial peruana de Quanta Services. Según el laudo favorable a la compañía, el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones habría resuelto de manera ilegal dos contratos de inversión firmados con Redes Andinas de Comunicaciones, subsidiaria de Quanta Services.
Estos contratos estaban destinados a ejecutar dos proyectos de acceso de Internet y capacidad de banda ancha para 2.317 instituciones públicas de 1.316 localidades rurales en las regiones de Cajamarca, Piura y Tumbes. Según la compañía, beneficiarían a cerca de 700,000 pobladores
La indemnización que otorga el fallo de ICC a Redes Andinas y Comunicaciones corresponde al reembolso de las cantidades cobradas por Pronatel, en virtud de las fianzas de anticipo y las fianzas de cumplimiento. Estos son los puntos comprendidos:
- El pago de las cantidades adeudadas por el trabajo realizado por la empresa en virtud de los contratos,
- El pago del lucro cesante en relación con la futura operación y mantenimiento de las redes por parte de Redes Andinas y Comunicaciones
- El pago de otros costos y daños relacionados como resultado del “incumplimiento y la terminación indebida de los contratos”.
Aún quede pendiente la resolución de un arbitraje adicional presentado por Quanta Services Netherlands ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por considerar que “se han violado también derechos amparados en el tratado sobre promoción y protección recíproca de inversiones entre el Perú y los Países Bajos”. Según la empresa, de ganar también dicho arbitraje la indemnización total a pagar por el Estado peruano se elevaría a US$ 300 millones.
“Confiamos en que el Gobierno peruano cumplirá a cabalidad con lo que ha ordenado la Corte de Arbitraje internacional y cancelará en el plazo previsto el monto de indemnización establecido para evitar que se tenga que recurrir a otras medidas de ejecución coactiva contempladas en este tipo de procesos”, señaló Mauricio Raffo, abogado externo de RAC y Quanta Services Netherlands en Perú.
El conflicto
Durante la fase de construcción, el proyecto experimentó un sinfín de problemas y postergaciones, incluyendo, entre otros, problemas relacionados con el clima, la oposición local al proyecto, los retrasos en la obtención de permisos, la incapacidad para adquirir un título claro de ciertas parcelas de tierra requeridas y otros retrasos que Quanta cree que eran atribuibles a Pronatel.
En respuesta a los retrasos, Redes Andinas de Comunicación solicitó y recibió múltiples extensiones de ciertos plazos contractuales y el alivio de los daños liquidados relacionados. Sin embargo, en abril de 2019, Pronatel proporcionó una notificación a Redes alegando que ésta estaba en incumplimiento de los contratos debido a los retrasos y que se rescindirían los contratos si no se subsanaban los supuestos incumplimientos.
