San Pedro Sula — Cinco empresas extranjeras que han invertido en energías renovables en Honduras han presentado al menos cinco avisos de intención de someter sus casos a arbitraje internacional aduciendo un trato discriminatorio, incluyendo el impago de facturas desde hace meses y amenazas explícitas de expropiación.
Los avisos abren un periodo de consulta con el Gobierno de Honduras, que pudiera ser la última oportunidad para construir acuerdos y evitar litigios muy costosos para el país centroamericano.
Bloomberg Línea conoció de fuentes vinculadas al sector eléctrico nacional que el monto en disputa bajo posible arbitraje sería mayor a US$300 millones, cantidad similar a la inversión total anunciada para fortalecer la red de transmisión en todo el país durante el decenio 2022-2031.
A finales de octubre, el secretario de Energía y gerente general interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Erick Tejada, dijo a medios locales que habían recibido una notificación de intención de arbitraje amparado bajo cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Entonces, el funcionario indicó que se trataba de dos empresas generadoras de energía y que tal situación era a raíz de la renegociación de los contratos de energía que el Gobierno ha hecho en el marco de un proyecto de refundación, cuyo principal objetivo es rescatar y fortalecer las instituciones públicas, principalmente, de la estatal eléctrica.
Acciones para el rescate del sector eléctrico
Al inicio de su mandato, la presidenta Xiomara Castro dijo que la Enee era un “agujero fiscal de dimensiones insalvables a corto plazo” y que iba más allá de lo energético. “Es un problema social y económico”, para el cual anunció una serie de medidas con el fin de hacerle frente.
Cuando la nueva administración gubernamental comenzó el 27 de enero de 2022, las pérdidas no técnicas de la Enee, referidas al impago de usuarios, eran el 38% de la generación, es decir, la segunda cifra más alta de América Latina, solo detrás de Haití, según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
No obstante, para especialistas las políticas que ha implementado en los primeros nueve meses de Gobierno no han avanzado en soluciones a los problemas de la paraestatal, ni del sector eléctrico en general.
El analista económico y político Roberto Lagos recordó que cuando en su discurso de toma de posesión, Castro habló de reestructurar deuda en lugar de “refinanciar”, como después aclaró el secretario de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, el riesgo país de Honduras aumentó de forma considerable.
Luego, mediante la Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social (decreto 46-2022), aprobada en mayo pasado, “se menciona el tema de justiprecio, pero cuando uno empieza a revisar en qué consiste, uno no encuentra ningún documento técnico que guíe o que explique en qué consiste este mecanismo de justiprecio”, dijo Lagos.
En su criterio, con la falta de capacidad técnica de las autoridades que están en el manejo del sector energía de Honduras, “se empieza un proceso, una narrativa más ideológica, pero sin tener los fundamentos técnicos”.
La renegociación de los contratos
La Ley que declara la energía como bien público también facultó la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado, a través de la Enee, adquiere el suministro de energía y potencia por plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación, mantenimiento y utilidad razonable, y los cargos variables constituidos por el combustible, operación y mantenimiento.
“En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado, previo el justiprecio”, señala la Ley.
A inicios de octubre, el Gobierno de la República firmó un pacto para renegociar al menos 16 contratos con 14 empresas generadoras de energía eléctrica en Honduras, que significa el 55% de lo propuesto sobre los contratos que las autoridades estatales consideran con precios más elevados.
Para Lagos, el Gobierno “ha sido selectivo con qué empresas negociaron y no se ha internalizado los riesgos que un proceso de arbitraje puede tener hacia el mercado internacional y hacia la atracción de inversiones no solo en el sector energía, sino adicionalmente en los demás sectores. Entonces el tema es que se está afrontando el plan, pero no se está haciendo de forma correcta”. Primero se tenía que haber resuelto el problema de pérdidas de energía, dijo.
La falta de focalización del subsidio eléctrico
También el Gobierno anunció “energía gratis” para 1,3 millones de personas con consumos menor a 150 kilowatts (kW), como una acción ante la pobreza que abarca al 74% los hogares, según el Instituto Nacional Estadísticas (INE).
“En nuestro país, dadas las limitaciones de presupuesto y fiscales con las que contamos, que venimos de pandemia y de una precaria situación en la que nos dejó la administración anterior, se procede a un proceso de subsidio, el cual no se debió de realizar de esa forma, sino que se debió de realizar de forma más focalizada”, dijo Lagos.
Según el especialista, el Gobierno debió haber identificado primero los 400.000 hogares más pobres del país, “y a esas personas ofrecerles subsidios porque eso tiene una carga sobre la estabilidad de las finanzas públicas y sucesivamente tratar de ver cómo se incorporaban nuevos hogares identificados”. Sin embargo, muchas de las personas que se están beneficiando no necesariamente están en los quintiles más bajos de ingresos.
Energía renovable en Honduras
Honduras, el país con el tercer menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de América Latina, según el Banco Mundial, ha sido un modelo de desarrollo de las energías renovables en años recientes.
A partir de 2014 se transformó la matriz de generación y el país apuntaba a tener una matriz energética en la que predominen las fuentes renovables; fuerza hidráulica, eólica, solar, geotérmica y biomasa. El Plan de Nación establecía que para el año 2022, el 60% de la demanda nacional sería abastecida con fuentes renovables.
