San Pedro Sula — Diferentes organizaciones han condenado en las últimas horas el desalojo violento por parte de agentes policiales y militares armados en Punta Gorda, una comunidad en Roatán, Islas de la Bahía, habitada principalmente por garífunas, pueblo afrohondureño.
Según denuncias de líderes locales, elementos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ejército agredieron a personas de la comunidad que se oponían al desalojo de sus hogares.
Producto de ello, los uniformados capturaron a Melissa Martínez, Dorotea Arzu, Richard Armando Martínez, Abot Efraín Sánchez Gómez, Keyder Gonzales y Augusto Moisés Dolmo, informó la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
El caso es de conocimiento de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien a través de un tuit el lunes por la noche escribió que solicitó un informe “del violento desalojo ordenado judicialmente”.
La mandataria dijo que no fue informada de la ejecución del desalojo. “Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a derechos humanos”.
Más pronunciamientos
También la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH) manifestó a través de un comunicado su preocupación por el desalojo forzoso en Punta Gorda, una comunidad establecida hace 225 años.
“El desalojo ordenado por instancias judiciales debió cumplir con las garantías y estándares mínimos de derechos humanos, que implican respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la garantía de reubicación y el no uso de la violencia”, dijo la SEDH.
La dependencia estatal responsabilizó al Juzgado de Letras Departamental de Roatán por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto.
En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dijo que la ratificación del Estado de Honduras del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) implica un reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños del país sobre las tierras en las que han convivido desde sus orígenes, teniendo la institucionalidad pública un deber jurídico de garantizar los mismos.
Por su parte, Alice H. Shackelford. coordinadora residente de la ONU en Honduras, dijo un tuit que se unía “a los llamados urgentes de liberación y la búsqueda de manera de solucionar las cosas en manera pacíficas y respetuosas de los derechos humanos. Honduras necesita soluciones pacíficas y diálogo respetuoso”.
