Bloomberg — El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presentará un multimillonario plan de gastos para hacer frente a sus principales promesas de campaña. Se trata de la primera prueba de su apoyo legislativo aún antes de tomar posesión del cargo.
Lula volvió a Sao Paulo el fin de semana para supervisar el proceso un breve receso en el noreste del país.
Lula necesita moverse rápido para evitar disrupciones en los pagos. El presidente saliente, Jair Bolsonaro, ha aumentado las transferencias de efectivo en el marco del programa Auxilio Brasil a 600 reales por mes, pero el presupuesto del año que viene solo contempla transferencias de 400 reales. Se necesitan 50.000 millones de reales, o unos US$10.000 millones, para mantener las transferencias en ese nivel.
Lula también ha prometido mayores transferencias de efectivo para familias pobres con niños menores de 6 años, exceptuar a más personas del impuesto a las ganancias e incrementar el salario mínimo a 1.320 reales, por encima de la tasa de inflación.
Para cubrir todas sus promesas, necesitará entre 160.000 millones y 200.000 millones de reales adicionales, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.
Romper el tope
Para gastar tanto dinero es necesario que el Congreso apruebe romper la principal regla fiscal del país: un tope constitucional que limita el crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año anterior.
Hay dos propuestas sobre la mesa. La primera es una enmienda constitucional que permita al gobierno romper el tope. Tendría que ser aprobada en 2022, incluso antes de que Lula tome posesión.
La alternativa sería que Lula firmara una medida provisional nada más tomar posesión, permitiendo al Tesoro emitir un crédito extraordinario que no esté sujeto a la regla del techo de gasto sólo para mantener el nivel actual de entregas de dinero. Otras promesas de campaña se negociarían más tarde.
Una medida provisional no requeriría la aprobación inmediata del Congreso, lo que daría algo de tiempo a Lula para negociar con los legisladores. Finalmente, el nuevo gobierno tendrá que negociar con los miembros del llamado centrao, un grupo de legisladores ideológicamente fluido que suele apoyar a la administración a cambio de fondos para sus proyectos.
“Una enmienda constitucional pone a la cámara baja al mando”, dijo en una entrevista el senador Renan Calheiros, aliado del presidente electo.
Calheiros, que es un adversario del presidente de la cámara baja, Arthur Lira, ha estado aconsejando a Lula que emita una medida provisional en su lugar. El senador electo Wellington Dias, persona de contacto de Lula en las primeras negociaciones con el Congreso, dijo que se están discutiendo todas las alternativas, aunque está a favor de un cambio en la Constitución.
“Nuestra prioridad es la enmienda constitucional”, dijo en un mensaje de texto el sábado. “Pero también analizamos otras posibilidades que se nos presentan”.
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