San Pedro Sula — La empresa estadounidense Honduras Próspera Inc, que opera la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en el municipio insular de Roatán, prepara una demanda por US$10.700 millones en contra del Estado de Honduras al reclamar que, amparados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), este ha irrespetado los derechos de los inversionistas, confirmó el Gobierno.
Durante una audiencia pública con diputados del Congreso Nacional, el secretario de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, acompañado del subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior, Melvin Redondo, dijeron que, si bien aún no hay una demanda, Próspera tiene hasta el 16 de diciembre para llegar a un arbitraje internacional.
Sin embargo, en una notificación que la SDE recibió a mediados de septiembre por parte del equipo legal de la empresa con sede en Delaware, Estados Unidos, manifestaron el monto del posible reclamo por concepto de daños y perjuicios que ellos alegan. Esta cifra, según funcionarios de Gobierno, equivale a casi la mitad del producto interno bruto (PIB) nacional.
“Hemos tenido reuniones con varios diputados, con el procurador general de la República (Manuel Diaz Galeas) para comenzar a diseñar una estrategia, ya tenemos avances con el equipo de abogados, que de momento se mantienen confidencial para no alertar a la otra parte”, dijo Barquero.
La derogación de las ZEDE
En abril pasado, por unanimidad de los 128 diputados, el Congreso Nacional derogó las ZEDE, sujetas a una jurisdicción especial con el fin de atraer inversiones y generar empleos, al considerarlas una violación de la soberanía nacional.
Este esquema, impulsado en 2013, durante el último año de gobierno de Porfirio Lobo Sosa y con Juan Orlando Hernández —quien guarda prisión en Estados Unidos a la espera de un juicio por delitos de narcotráfico y armas— como titular del Poder Legislativo, surgió como un modelo similar al de Hong Kong o Singapur, con el fin de generar fuentes de empleo para mejorar las condiciones de vida de la población y de garantizar el desarrollo en diversos sectores.
A partir de ello, en los años siguientes se establecieron en el país tres ZEDE: Próspera en Roatán; Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés; y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca.
Sin embargo, para diferentes sectores de la sociedad, el esquema comprometía la soberanía nacional al promover que un Estado funcione dentro de otro, puesto que, según la Ley Orgánica de las ZEDE, plasmado en el decreto 120-2013, les permitía gozar de autonomía funcional y administrativa, que incluía funciones, facultades y obligaciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren a los municipios.
¿Por qué no es fácil derogarlas?
La intención de derogar las ZEDE formó parte de las promesas de campaña de la ahora presidenta Xiomara Castro, pero, aunque la mandataria ya sancionó los proyectos que aprobó el actual Legislativo para anular la reforma constitucional que dio vida a la ZEDE y su ley orgánica, aún falta mucho por hacer.
Conforme a las leyes aprobadas hace nueve años, Honduras se adhirió al Tratado de Inversión Recíproca Honduras-Kuwait, publicado en el decreto 367-2013, el cual contiene una disposición que garantiza la estabilidad de la ley ZEDE por un período no menor a 50 años.
Adicionalmente, el artículo 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE señala que, de ocurrir la derogación a la legislación misma, “se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales o jurídicas que residan o inviertan en las ZEDE”.
El período de transición agrega este artículo, no podrá ser menor de diez años y durante ese tiempo, se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas en las ZEDE.
“Las ZEDE es otro problema que nos dejó el régimen anterior que estuvo instalado en el país por un poco más de una década”, dijo este lunes Barquero, durante el foro Desarrollo Económico y Estado de Derecho que organizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en San Pedro Sula.
“Es un serio problema que queremos resolver y estamos dispuestos a sentarnos con estos señores (Próspera) para negociar una salida, pero una salida que respete la Constitución y que no viole la soberanía para nuestro país”, agregó.
¿Qué pasa con las otras dos ZEDE?
El titular de la SDE explicó la ZEDE Orquídea, orientada a la producción de cultivos agroindustriales de exportación, inició el trámite para convertirse en una ZOLI (zona libre).
En tanto, la ZEDE Morazán dio una lista de ciertos incentivos fiscales que querían para pasarse a un régimen especial que, básicamente, pero el Servicio de Administración de Rentas (SAR) hizo un análisis y llegó a la conclusión que esos beneficios no se le podían dar, aunque Barquero dijo que “como Gobierno estamos dispuestos a sentarnos con ellos para buscar una salida para que puedan estar de forma legal en el país y no ilegalmente bajo un régimen que no existe”.
En una carta pública firmada este lunes por Massimo Mazzone, representante de la sociedad inversionista y desarrolladora de Overseas Real Estate LLC, y de Carlos Fortín Lardizábal, secretario técnico de Ciudad Morazán, confirmaronn parte de lo dicho por Barquero, pero agregaron sentirse sorprendidos de que exista por parte del Gobierno un proceso de búsqueda de soluciones para el caso de la ZEDE.
“Pedimos se nos comunique cuáles serían los próximos pasos, pues actualmente lo desconocemos totalmente”, dijeron los ejecutivos en la carta, al tiempo que reiteraron su posición de crear un tipo de ZOLI Residencial, que ha existido en el país por más de 40 años.
Sin embargo, agregaron que están “abiertos a escuchar otras ideas, siempre reiterando que, hasta que no se logre un acuerdo completo, mantenemos el derecho a recurrir a los instrumentos que nos dan la ley y los convenios internacionales para resolver este tipo de controversias”.
La reacción de la ZEDE Próspera
En reacción a las declaraciones de Barquero, la empresa Honduras Próspera Inc. dijo, a través de un comunicado publicado en su sitio web, que ha enviado al Gobierno numerosas cartas solicitando reuniones para consultas y negociaciones.
“El Gobierno no ha respondido. Honduras Próspera sigue creyendo que un diálogo constructivo es posible y que las soluciones son alcanzables. Para ello, ha seguido solicitando reuniones y que el Gobierno muestre un compromiso de entablar conversaciones de buena fe”, señala el mensaje.
Según los inversionistas, están abiertos a resolver el conflicto de forma amistosa. “Lo mejor para todos es una solución que permita a Honduras Próspera seguir desarrollando su plataforma para traer cientos de millones de dólares de inversión extranjera a Honduras y crear oportunidades, empleos y hermosas viviendas asequibles para los hondureños”.
La carta agrega que el Gobierno de Honduras tiene dos opciones: de elegir entre pagar miles de millones de dólares en reclamos internacionales “o de honrar el Estado de Derecho y posicionar a Honduras y a su población en un camino hacia la prosperidad durante las próximas décadas”.
Una solución urgente y pacífica
En el mismo foro del PNUD, la diputada por del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza dijo que la situación con la ZEDE Próspera tiene que ser resuelto mediante el diálogo y el consenso, “a efecto de dejar atrás una parte indignante para este país, pero darles a estos inversionistas la oportunidad de seguir invirtiendo en Honduras”.
En su criterio, los inversionistas de Próspera “no tienen la culpa, la tuvieron al final de cuentas malos hondureños, traidores a la Patria en mi opinión, que comprometieron la soberanía del pueblo de Honduras sobre esos territorios, que comprometieron la forma de gobierno que es irreformable”.
Por ello, Espinoza instó a dar pasos y soluciones concretas, porque de lo contrario, “no hay esperanza para Honduras”.
