AMDA analiza amparo contra la cancelación de verificaciones físico-mecánicas

La decisión del Gobierno de México busca evitar afectaciones a la economía de las familias que utilizan vehículos como herramienta de trabajo

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Ciudad de México — La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) analiza la posibilidad de solicitar un amparo contra la decisión del Gobierno de México de cancelar una norma que establecía la verificación físico-mecánica de los automóviles ligeros.

El organismo, que integra a más 2.500 distribuidores de vehículos, sopesa las opciones jurídicas ya que considera que existen posibles vicios en la manera en que el Gobierno de México procedió a la cancelación de la Norma 236 que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de diciembre, dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, durante una conferencia de prensa virtual.

“Es un retroceso”, dijo Rosales en la conferencia.

De acuerdo con el directivo de AMDA la decisión mantiene la obsolescencia del parque vehicular, lo que podría generar consecuencias negativas en materia de seguridad vial e impacto al medio ambiente.

El rechazo fue respaldado por representantes de otros organismos de la industria como la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que también analiza las opciones disponibles.

“Está quitando de la mesa un instrumento de gran utilidad para la seguridad de los vehículos en circulación”, dijo Fausto Cuevas, director general de AMIA.

La preocupación de la industria en materia de seguridad por la cancelación de la norma, contrasta con el argumento del Gobierno de México de las potenciales afectaciones a las condiciones económicas de los hogares con su aplicación.

La Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro, anunció el domingo 6 de noviembre mediante un comunicado de prensa la cancelación de la norma que establecía la realización de verificaciones físico mecánicos a los automóviles ligeros.

La decisión del Gobierno busca evitar afectaciones a la economía de las familias que utilizan vehículos como herramienta de trabajo.

Esta revisión implicaba gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y en su caso, la reparación de los mismos”, dijo la Secretaría de Economía, en el comunicado.