Bogotá — El próximo 31 de diciembre termina el programa Ingreso Solidario, una transferencia monetaria que fue implementada por el gobierno anterior para responder a los efectos sociales de la pandemia y que ha alcanzado un total de 4 millones 85 mil hogares beneficiarios y entregado $16 billones desde su puesta en marcha. Sobre la mesa queda entonces el interrogante de ¿qué sucederá en 2023? Más aún cuando hay esa cantidad de hogares que cuenta con esos recursos para su desempeño diario.
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Pues bien, habrá un cambio radical: si bien seguirá habiendo transferencias monetarias entregadas por el Gobierno Nacional, su dinámica será diferente e incluirá servicios prestados por el Estado, debido a que estará enmarcada dentro de una política social que ya está en planeación. Así lo aseguró en entrevista con Bloomberg Línea la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque Urrego.
“El Gobierno Petro está trabajando en el diseño y la orientación de una nueva política pública y social encaminada a los sectores más vulnerables de Colombia con el objetivo de contrarrestar el flagelo del hambre que no da espera y de dignificar esas transferencias. Todo lo anterior dentro de una apuesta integral, no asistencialista, sino temporal y que permita acompañar a las personas que están en situación de precariedad y les permita salir de la misma”, resaltó la directora.
Y agregó que no se limitará a una simple transferencia, “comprenderá oferta estatal. La gente no quiere que le regalen nada, esos son prejuicios que se tienen. Las personas quieren una oportunidad, quieren instrumentos, quieren poderse desenvolver y ser autónomos económicamente. Las personas quieren salir adelante, necesitan que el Estado los dote de beneficios que no son solamente económicos sino de oferta institucional como capacitaciones y acompañamiento”.
Para la directora, dignificar las transferencias significa que sean por encima de la línea de pobreza y que sea integral hace referencia a que se requiere reunir esfuerzos interinstitucionales de las diferentes entidades del Estado que permitirán la prestación de servicios de guía y acompañamiento en los procesos de la población.
Al preguntarle a Rusinque por lo que se requiere para poner en marcha esta política, respondió que “tiene un condicionamiento que es presupuestal, estamos raspando la olla pero ya lo otro es la Ley del Presupuesto General de la Nación, la reforma tributaria. Necesitamos saber con qué recursos va a contar el Estado para la política social de dignificar la vida de los colombianos, sobre todo de los sectores más vulnerables”.
Por lo que manifestó que “el objetivo es que sea lo más pronto posible pero todo dentro de los términos también de lo legal, que se discuta el Plan Nacional de Desarrollo, que se tengan los recursos necesarios para materializar la política pública. En eso estamos trabajando 24/7, le puedo dar garantía que es una prioridad del Gobierno ese diseño”.
De aquí a diciembre
En lo que resta del año, la directora de Prosperidad Social explicó que además de los beneficiarios de Ingreso Solidario, en estos meses se entregará una transferencia extraordinaria que supera la línea de pobreza, para complementar lo dado por el programa, a más de 300.000 mujeres cabeza de familia, y llegar así a $500.000.
“Teniendo en cuenta que más del 75% de los hogares en mayor estado de precariedad y vulnerabilidad están encabezados por mujeres, estamos aumentando la cobertura para ese sector poblacional, dando una mayor garantía en sus ingresos como un plan de choque contra el hambre”, destacó.