Bogotá — La cadena de farmacias Drogas La Rebaja, que fue fundada por el otrora capo del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela, ya es propiedad del Estado colombiano tras más de 20 años de batalla jurídica en los tribunales, confirmó la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Tal y como lo había adelantado Bloomberg Línea en julio, Drogas La Rebaja pasó al Estado colombiano, según la sentencia de junio de 2022 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que decidió dar vía libre a la extinción de dominio de los bienes que tiene la cadena de farmacias.
La red de Drogas La Rebaja está compuesta por unos 880 locales en 200 poblaciones en todo el país.
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Desde 1995 esta cadena ha sido administrada por la cooperativa Copservir Ltda., la cual nace de la unión de miles de trabajadores de la cadena de farmacias quienes tomaron las riendas de la compañía cuando se detectó por las autoridades que era un negocio fachada del Cartel de Cali.
Durante estas dos décadas, las droguerías pasaron de unos 500 locales a casi el doble, ya tiene ventas que superan el billón de pesos anuales y brinda más de 5.000 empleos directos.
La SAE indicó que “de esta empresa se busca garantizar su funcionamiento y el empleo de miles de familias colombianas que allí trabajan”.
También se buscará potenciar una red nacional pública de distribución de medicamentos que tendrá como eje la estructura de esta sociedad.
La entidad también destacó que controla otros activos sociales estratégicos como el grupo Comerfar, que tiene dos laboratorios de fabricación y cuatro empresas poseedoras de Marcas y Registros Sanitarios.
“La SAE hará las gestiones pertinentes para evaluar la situación operativa, financiera y legal de estas empresas, para que a partir de ellas se constituya un grupo empresarial público de producción y provisión de medicamentos genéricos de bajo costo para la población colombiana”, señaló.
La SAE, junto al Ministerio de Salud, conformaron una mesa técnica para planear cómo aprovechar las empresas incautadas a las organizaciones ilegales.
Ambas entidades evaluaron la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles bajo la administración de la SAE que “puedan aportar y suplir diversas necesidades del Ministerio de Salud”.
Esto, según dijo, especialmente en poblaciones apartadas del país donde no llegan con oportunidad ni calidad dichos servicios.
