Bolivia atraviesa una fuerte crisis política a raíz de las diputas en relación al próximo Censo de Población y Vivienda. Todo empezó a mediados de julio de este año, cuando el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4760, que confirma la postergación del censo para el año 2024 (inicialmente, iba a realizarse en noviembre de este año) y Santa Cruz de la Sierra estalló de furia. Desde allí, diversos sectores de la economía y la política boliviana vienen llevando adelante medidas de fuerza para torcerle el brazo al Poder Ejecutivo, aunque la más contundente es el paro indefinido en el Departamento de Santa Cruz, que comenzó el 22 de octubre.
Los sectores disconformes con el cambio de fecha consideran que la decisión del gobierno los perjudica en términos parlamentarios y económicos. En tanto, desde el Ejecutivo y desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) esgrimen argumentos técnicos que impiden llevar a cabo el relevamiento no solo en 2022, sino también en 2023.
Cabe indicar que el último censo boliviano se llevó a cabo en 2012 y, desde allí, la realidad demográfica del país tuvo cambios importantes.
Por qué Santa Cruz y otras regiones exigen que el censo se lleva a cabo en 2023
Entre las caras más visibles de la huelga que tiene paralizada (y movilizada, a la vez) a Santa Cruz están el gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, y el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Ahora bien, ¿por qué Santa Cruz exige que el censo se lleve a cabo en 2023 y no en 2024?
- En lo político, el censo debería impactar en un nuevo padrón electoral que permita redefinir la distribución de escaños parlamentarios con la nueva realidad poblacional. Las próximas elecciones son en 2025 y si el censo fuese en 2024 no se podrían implementar las modificaciones necesarias.
- En lo económico, el censo definirá la redistribución de la coparticipación tributaria, según el nuevo índice de población, pero también daría lugar a un nuevo pacto fiscal, que podría quebrar lo que para muchos es el centralismo del Gobierno nacional.
Según explicó a Bloomberg Línea la periodista boliviana Zulema Alanes, Santa Cruz es el departamento que más crece de todo el país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentó un 25% su población en los últimos diez años, ya que pasó de tener 2,8 a 3,4 millones de habitantes. Y el aporte del departamento al Producto Bruto Interno es del 30%.
Cambios poblacionales e impacto
El analista político y exsenador Carlos Borth explicó a este medio que los gobiernos municipales (333), los gobiernos autónomos indígenas (6) y las universidades públicas (11) coparticipan en las recaudaciones de los siguientes impuestos nacionales: el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a las transacciones (IT), el impuesto a consumos específicos (ICE), el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), el impuesto a las salidas al exterior (ISAE) y el gravamen arancelario (GA). Y aclaró que para la mayoría de entidades estos recursos constituye la principal fuente de financiamiento.
A partir de esta introducción, Borth indicó: “Los municipios y gobiernos indígenas reciben el 20% de las recaudaciones totales y las universidades, el 5%. La distribución entre unos y otros se realiza en función de la cantidad de población. Por ello, las tasas de crecimiento poblacional diferenciadas y los flujos migratorios interregionales entre uno y otro censo nacional determinan variaciones en la captación de recursos”.
Borth explicó que un último estudio prospectivo ha identificado que, probablemente, alrededor de 178 gobiernos municipales registrarán incrementos poblacionales, mientras que 160 decrecerán y, al mismo tiempo, unos 280 municipios disminuirán sus captaciones por coparticipación tributaria y apenas 55 municipios incrementarán sus captaciones por ese concepto.
“Esos cambios se reflejarán también en el financiamiento de las universidades, afectando negativamente a aquellas ubicadas en los departamentos perdedores de recursos”, reseñó Borth.
Del análisis anterior se desprende que, existirán impactos positivos y negativos en las diferentes regiones una vez que se lleve a cabo el censo y por ello las disputas.
La postura del INE y del Gobierno
El Instituto Nacional de Estadísticas publicó en redes una serie de videos en la cual señala seis aspectos por los cuales sería imposible realizar el censo en 2023. Estas son las explicaciones oficiales de la postergación:
- Realizar un Censo de Población y Vivienda implica el desarrollo de 700 actividades técnicas y logísticas previas al día D.
- Ejecutar el Censo de Población y Vivienda demanda tiempo y trabajo coordinado con los gobiernos municipales, departamentales y otras instituciones.
- Llevar a cabo el censo en 2023 implicaría agotar recursos en tiempo récord, lo que no garantiza la calidad del trabajo.
@ine_bolivia Conozca algunas razones por las que el Censo de Población y Vivienda no puede realizarse en el 2023 #censoconconsenso #contigosomosbolivia #ine #inebolivia ♬ sonido original - INE Bolivia
- En Bolivia existen 336 municipios y otros 6 gobiernos con autonomía indígena originaria campesina, de los cuales el 70% enfrenta problemas limítrofes.
- Realizar el censo en junio de 2023 no da suficiente tiempo para contar con una cartografía estadística plena y coordinada con los gobiernos municipales e indígena originario campesino, como lo demandó el Consejo Nacional de las Autonomías.
- A pedido del Consejo Nacional de Autonomías, se debe tomar en cuenta la incorporación de idiomas originarios en la boleta, lo cual incrementa el tiempo de su diseño.
@ine_bolivia Algunas razones más por la que el Censo de Población y Vivienda no puede realizarse en 2023. #ine #censoconconsenso #inebolivia ♬ sonido original - INE Bolivia
No obstante, el 1° de noviembre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ratificó que es imposible realizar el censo en 2023 y desde la propia Presidencia lo desautorizaron, ya que el propio gobierno que comanda Luis Arce Catacora buscan mostrarse permeables al diálogo.
“Informamos a la población boliviana que la Comisión para la Mesa de Diálogo por el Censo se encuentra integrada por el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial, Jorge Richter”, destacó una comunicación que lleva la firma del Ministerio de la Presidencia, tras las declaraciones de Del Castillo.
El comunicado va un paso más allá y sentencia: “Las declaraciones referidas al censo por parte del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, no corresponden a la postura oficial del Gobierno nacional”.
La cronología del cambio de planes
Carlos Borth recordó que, hasta el mes de junio de este año, el Gobierno nacional y el INE habían garantizado que el censo se realizaría en noviembre de 2022, para lo que Arce Catacora emitió un decreto supremo.
Borth añadió al respecto: “Sin explicar las razones, a partir del mes de julio el Gobierno cambió de posición y dispuso, con otro decreto, que el censo se realice entre mayo y junio de 2024. Y el INE, después de informar públicamente que tenían un avance del 70% en la elaboración de la cartografía censal, pasó a la condición del organismo más ineficiente del país, al punto que sus ejecutivos sencillamente desaparecieron”.
