Ciudad de Panamá — De “inaceptable y preocupante” describieron conocedores de los asuntos marítimos la falta de respuesta de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a una solicitud de información del manejo económico, técnico y ambiental de los derrames de hidrocarburos en el país.
Se trata de una solicitud de diez puntos a la que la AMP no respondió una sola palabra, a pesar de que se efectuó bajo el amparo de la Ley de Transparencia, así como al acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe o “Acuerdo de Escazú”, que es ley en Panamá.
La periodista de Bloomberg Línea y autora de este artículo requirió la lista de derrames detectados o reportados en los últimos 10 años y documentación como copia simple de las actas de junta directiva de la AMP, precisar detalles del mecanismo para adjudicar la limpieza de los derrames y el equipamiento de la AMP para atenderlos.
También se solicitó copia simple de los documentos, como los informes técnicos de las sustancias vertidas, informes donde conste la ejecución del fondo de emergencia para contaminación y el mecanismo de adjudicación millonaria a las empresas que se dedican a la limpieza, entre otros detalles.
No sería la primera vez que la AMP no responde o, como ha sucedido en otros casos, evita detallar la información, bajo el argumento de que sería confidencial.
“Es inaceptable que el Estado no rinda informes de sus gestiones, como responsable que es ante la ciudadanía que elige a sus dignatarios para que le sirvan a la sociedad”, indicó el exmagistrado del Tribunal Electoral y exdirector de la AMP, Guillermo Márquez Amado a Bloomberg Línea.
A su juicio, no rendir los informes implica que eluden cumplir con sus obligaciones y que además se utilizan los hechos para disimular actos vergonzosos por ilegales o inmorales, o que “entre las medidas que adoptan hay hechos que avergüenzan”.
Por su parte, el Centro de Incidencia de Ambiental indicó que es “supremamente preocupante” que de manera reiterada la AMP niegue el acceso a la información pública bajo su custodia y que es imprescindible para evaluar el impacto de las actividades marítimas en los ecosistemas y el ambiente.
El centro, que se dedica a la litigación de asuntos ambientales, recordó que gracias a una demanda que presentaron a la Corte Suprema se declaró ilegal un artículo del reglamento interno que la AMP utilizaba como obstáculo para permitir el acceso.
Sin embargo, “la institución continúa sin transparentar su información. Es imperativo que la autoridad asuma su condición de autoridad con competencia ambiental bajo los estándares del Acuerdo de Escazú”, manifestó su directora ejecutiva, Lilian Guevara.
Debido a que la AMP no brindó detalles, se presentó queja ante la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), pero esta, nuevamente, no admitió el reclamo, ni tampoco comunicó gestión alguna en aras de que la información sea respondida. Esta vez el argumento fue que la queja se presentó en la Antai fuera de términos.
La falta de respuesta en este tema, que ha implicado contrataciones directas millonarias, no fue sorpresa para la fundación Promar, toda vez que su presidente, Ricardo Wong, en su momento solicitó detalles de uno de estos derrames de hidrocarburos en la isla de Taboga y debido a la falta de respuesta tuvo que acudir a la Secretaría de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos y Panamá (Sala).
Existe evidencia, aseguró Wong, de que los derrames de hidrocarburos y otras sustancias están pasando desapercibidos y que la AMP no efectúa la debida investigación ni sanciona a las embarcaciones por ello.
Por los mares de Panamá transitan unos 12 mil barcos al año, debido a la existencia del Canal interoceánico, y a pesar de que existen regulaciones pueden darse incidentes, pero lo más preocupante, según Promar, es la flota local que efectúa trasiego de sustancias e hidrocarburos y se desconoce cuál es la capacidad que tiene la AMP de dar vigilancia o contener un derrame.
Promar hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes porque la contaminación afecta a todas las personas, además de los ecosistemas.
Por ello, otra de las organizaciones que levantó su voz al respecto fue Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, su directora ejecutiva, Olga de Obaldía, resaltó que la Antai tiene la facultad de sancionar a los funcionarios que no contesten las solicitudes de información, tal como lo obliga la Ley de Transparencia que un periodo de 30 días.
