Bogotá — Las ventas a través de comercio electrónico, que fueron impulsadas en el período de confinamiento en Colombia por cuenta del coronavirus, empezarían a sentir el golpe de la inflación y de un dólar más fuerte en el país, con lo que los primeros efectos podrían reflejarse en los resultados del tercer trimestre que publica el gremio de este sector.
“Para el tercer trimestre ya estamos empezando a ver una bajada en transacciones que nos preocupa, pero naturalmente forma parte de las dinámicas que estamos viviendo”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones.
Según la ejecutiva, esta baja en el número de las transacciones responderá a las variantes macroeconómicas que están golpeando la confianza de los consumidores, entre ellas, la fuerte depreciación del peso colombiano (COP) de las últimas semanas y la inflación, que se ubicó en el 11,4% anual en septiembre.
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María Fernanda Quiñones dice que pensar en que la subida del dólar no afectará al comercio electrónico es “tapar el sol con un dedo”, puesto que dentro de las categorías más demandadas en el país existe una importante cuota de los productos importados.
“Por ejemplo, la moda, es altamente confeccionada en el país, pero también hay insumos que se importan”, señaló.
“Es inevitable, es una relación macroeconómica también vinculada con la inflación que evidentemente afecta el índice de confianza del consumidor. Entonces vemos que sí va a incidir de manera importante”, ahondó.
A pesar de las cifras alcanzadas en el tercer trimestre y al ritmo que se espera para el remate del año, desde la CCCE consideran que las ventas a través de comercio electrónico se podrían ubicar entre los $50 y los $60 billones, con un crecimiento estimado de un 19% frente a 2021, cuando a su vez estas aumentaron un 40% con respecto a 2020, lo que estaría reflejando esa ralentización.
Quiñones también se refirió a la reforma tributaria y lamentó que finalmente no se hayan incluido los días sin IVA, puesto que “los comercios ya tenían provisionados sus inventarios para esa jornada. Evidentemente eso va a generar un impacto, porque eran jornadas que sí activaban el consumo”.
No obstante, las preocupaciones se centran ahora en la redefinición de la presencia económica significativa (PES), “desligándolo del concepto de ‘establecimiento permanente’, como originalmente estaba planteado”, según lo explica la firma consultora EY en una guía sobre la tributaria.
La consultora señala que “con esta modificación un no residente con PES estará sujeto a una tarifa del 10% de retención en la fuente (salvo que le aplique otra retención particular bajo las normas existes), o a un 5% de impuesto sobre la totalidad de sus ingresos brutos, para lo cual tendría que presentar una declaración en Colombia”.
Dado que estas normas impactarían a las plataformas y a los servicios digitales, María Fernanda Quiñones señala que les preocupa particularmente “el impacto que tiene para ciertos servicios de entretenimiento que son la puerta de entrada de la digitalización de los colombianos”.
La ejecutiva defiende que las ventas en línea todavía forman una parte muy pequeña del comercio agregado nacional (participa con el 5%) y que por ende decir que tiene “una dimensión de esa naturaleza” como se plantea en la tributaria es un poco “exagerado”.
En este sentido, la presidenta ejecutiva de la CCCE explica que el tema de la presencia económica significativa viene siendo discutido en varias instancias globales y no solo en Colombia.
Además, dice que esta redefinición podría ser incluso violatoria de los TLC “porque casi que lo que está planteado en la redacción de la norma obliga a las empresas a tener una contabilidad acá, cosa que realmente no hacen”.
“Lo que se busca en la discusión multilateral es evitar justamente que se den decisiones unilaterales que constituyan a esos países que las tomen como islas y como jurisdicciones tributarias que compiten con las que no tengan esas condiciones. Y eso es un poco lo que pensamos que haría anticompetitiva a Colombia, por ejemplo, en términos de inversión si definimos una ruta tributaria diferente a la que tienen los demás países de la región”, señala.
La directiva también advierte que cuando se incide por medio de un tributo en el costo de los servicios inelásticos que permiten hacer el tránsito hacia la transformación digital y poner en marcha el comercio electrónico, “evidentemente esto se refleja en el precio final al consumidor”.
“Cuando una pequeña y mediana empresa vaya a contratar este tipo de servicios evidentemente se va a encontrar con mayores costos incididos por la depreciación, que es innegable, por la mayor demanda que han tenido estos servicios dada la transformación digital de la que hemos sido objeto estos últimos tres años y además ahora con un impuesto. Entonces para una pequeña y mediana empresa va a resultar carísimo estar en internet, lo que va retrasar el comercio electrónico y la digitalización de los intercambios”, apuntó.
Quiñones señaló que este planteamiento en la reforma tributaria podría frenar la adopción del comercio electrónico en los usos cotidianos, como el entretenimiento, servicios de educación, alimentos preparados, entre otros, y al mismo tiempo “no se está teniendo en cuenta toda la foto”.
Y, por último, dijo que otro tema que le preocupa de la tributaria son los cambios sobre las retenciones asociadas a pagos digitales “que hacen muy compleja la aceptación de tarjetas en comercios de pequeña y mediana escala”.
“Cuando uno compra con tarjeta crédito y débito el banco tiene que retenerle al comercio una plata por renta, por IVA y por ICA. Eso implica unos costos para los establecimientos que son pequeños y medianos y un impacto en su flujo de caja. (…) En la panadería o la farmacia de la esquina eso afecta el flujo de caja, luego los negocios de esa naturaleza son resistentes a aceptar a medios de pago digital, ¿y cuál es el impacto de eso? Que no hay inclusión financiera”, remató.
