Lima — La escalda de conflictos sociales en torno a la minería en Perú continúa. Esta vez la compañía Minera Ares, de la empresa peruana Hochschild, informó sobre el ingreso ilegal de una comunidad en Ayacucho hacia su mina Inmaculada, donde explotan oro y plata.
Según un comunicado de la compañía, cerca de las 11:30 a. m. de este lunes alrededor de treinta personas del caserío Casma Palla Palla ingresaron a las instalaciones de la unidad minera y “quemaron la garita de ingreso, el almacén temporal de residuos industriales y cortaron el cerco perimétrico”.
La situación ha afectado a 1.700 trabajadores de la compañía en Inmaculada, de acuerdo a la misiva de la empresa. Según dijo compañía Minera Ares a Bloomberg Línea, su objetivo de producción anual en Inmaculada no se ha visto afectado hasta el momento.
“Condenamos y rechazamos los actos delincuenciales de este grupo de personas, quienes mantienen bloqueadas las vías de ingreso a la unidad minera Inmaculada desde el 27 de octubre, así como todo acto de violencia contra la integridad de nuestros colaboradores y nuestras instalaciones”, remarcó la Minera Ares de cuya matriz es Hochschild.
La empresa pidió a la comunidad involucrada en las protestas a cesar los actos de violencia en la zona y a canalizar los reclamos por la vía del diálogo “como corresponde en un Estado de derecho”. El gobierno de Perú aún no se ha pronunciado sobre esta interrupción.
La Minera Ares destacó que presentaron una denuncia ante la fiscalía competente en Ayacucho para solicitar la presencia de la Policía Nacional de Perú en la operación de Inmaculada, con el objetivo de que se restaure el orden y se salvaguarde la integridad de las personas e instalaciones de la minera.
“El personal de compañía Minera Ares que se encuentra en la unidad está realizando sus mayores esfuerzos para disuadir a las personas que han participado en estos lamentables hechos para que depongan sus actos de violencia y retomen el diálogo”, destacó la empresa.
De acuerdo al último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo en Perú, de los 136 conflictos socioambientales activos y latentes registrados al décimo mes del año un total de 91 casos se deben a tensiones sociales a partir de la actividad minera; seguida por conflictos ante actividades de empresas de hidrocarburos con solo un 20% de los casos (26 casos en total).
La comunidad de Casma Palla Palla, un caserío de la zona, no es la única que protesta contra Inmaculada. La semana pasada Martha Elena Cayo, quien lidera la comunidad de Huancute, advirtió sobre posibles bloqueos contra las operaciones de Ares por supuestamente incumplir con compromisos ante la comunidad, y dio 15 días a la firma para retirarse del territorio antes de que iniciaran las protestas.
Según Minera Ares, buscan mantener “relaciones de confianza con todas las comunidades aledañas a nuestras operaciones y reiteramos nuestra invocación al diálogo”.
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