Ciudad de Panamá — Una vez más, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) evitó entregar información de carácter público, según la Ley de Transparencia que rige en Panamá: se trata de lo referente a temas concernientes a los derrames de hidrocarburos, al manejo técnico ambiental y al detalle sobre el uso de fondos públicos millonarios para atenderlos.
La AMP no contestó una sola palabra al respecto, a pesar de los múltiples correos electrónicos de petición y dos cartas físicas que cuentan con el sello de recibido de la institución. La petición de documentación de este medio se efectuó bajo el amparo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”, ratificado por Panamá.
Dirigida a Noriel Araúz, ministro de Asuntos Marítimos, la petición consta de diez puntos. Se requirió las actas de reuniones de la AMP entre julio de 2019 y abril de 2022, la lista de los derrames detectados o reportados en los últimos diez años, sus responsables y el detalle de las sanciones aplicadas.
A su vez, se solicitaron los informes técnicos de los derrames de hidrocarburos u otras sustancias vertidas y el detalle del monto y uso del Fondo de Emergencia y el Especial de Contaminación por hidrocarburos provenientes de fuentes terrestres o marítimas, así como la copia simple del documento donde conste su ejecución.
Se preguntó por el proceso para adjudicar trabajos de limpieza a las empresas cuando se producen los derrames, el desglose de lo pagado en la actual administración, la capacidad y procedimiento de la institución en caso de derrames, entre otras interrogantes en las que se requería copia de la documentación de respaldo.
En una segunda misiva se reiteró la petición, toda vez que según la Constitución Política de la República de Panamá y la Ley de Transparencia toda persona tiene derecho a presentar peticiones a los servidores públicos y estos deben contestar en un término de 30 días.
El manejo ambiental, técnico y económico de estos derrames ha sido cuestionado por representantes de la sociedad civil panameña, entre estos por la Cámara Marítima de Panamá que enfatiza que todo lo relacionado con afectaciones al medio ambiente es 100% público y que las autoridades no pueden manejarlo de manera secreta.
La AMP cobra una tarifa para la mitigación de derrames, recordó la Cámara, “sin embargo es evidente la falta de equipamiento y personal. Más bien usan estos fondos para asignar de manera discrecional a las empresas de limpieza”, dijo Enrique Clement, presidente del gremio.
No existen evidencias de un procedimiento transparente para seleccionar a las empresas ni la efectiva protección a los intereses del Estado “es un área gris que se puede prestar para malas prácticas”, expresó Clement.
Las últimas contrataciones por derrames sumaron US$9,5 millones, la publicación de la adjudicación se efectuó siete meses después del evento y la AMP evitó dar detalle al respecto a Bloomberg Línea, que lo solicitó en más de tres ocasiones.
Autoridad de Transparencia no interviene
Debido a la falta de respuesta, la consulta fue elevada a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a la que la periodista de este medio le solicitó su intervención para obtener la información, pero la Antai no admitió el reclamo bajo el argumentó de que se presentó fuera del tiempo exigido por la ley.
La falta de respuesta de la Autoridad Marítima de Panamá ante otra petición por los derrames de hidrocarburos también fue motivo de una queja por parte de una organización ambiental y por ello intervino la Secretaría de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos y Panamá (Sala).
En otra ocasión, la AMP también se negó a entregar información pública a Bloomberg Línea referente a los buques con bandera panameña inspeccionados y sus respectivas sanciones por considerarla información restringida, decisión que también contó con el respaldo de la Antai.
Precisamente, por la falta de rendición de cuentas, la Asamblea Nacional citó a Noriel Araúz el pasado viernes para contestar un cuestionario de 44 preguntas respecto a supuestas “irregularidades” así como una “deficiente gestión” que incide sobre el buen desempeño de la marina mercante panameña, cita una comunicación del órgano legislativo, pero el funcionario no se presentó.
La conexión de buques, puertos y personas en Panamá representa el 32 % del producto interno bruto (PIB), según datos oficiales de la AMP
