Bloomberg Línea — Con casi 60 millones de votos, el ex presidente Lula fue elegido presidente de Brasil este domingo 30 de octubre. Ha obtenido el 50.82% de los votos válidos, derrotando al presidente Jair Bolsonaro, que se presentaba a la reelección y recibió 57.579.075 millones de votos, o 49.18% de los votos válidos. Fue la menor diferencia entre el candidato elegido y el derrotado desde 1989, cuando entró en vigor el actual sistema electoral.
Se esperaba la victoria de Lula. Él recibió 57,2 millones de votos en la primera vuelta, es decir, el 48,43% de los votos válidos. Desde 1989, ninguno de los candidatos más votados en la primera vuelta ha perdido en la segunda. El favoritismo del ex presidente había sido registrado por las encuestas electorales desde el día siguiente a la primera vuelta.
Con el resultado, Bolsonaro se convierte en el primer presidente de Brasil que no ha sido reelegido desde 1997, cuando la Constitución autorizó la reelección para los cargos ejecutivos.
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Esta es la tercera vez que Lula es elegido presidente y la quinta elección ganada por el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, desde 2002 – la única que perdió el partido fue en 2018, cuando Bolsonaro fue elegido, derrotando a Fernando Haddad, también de PT.
En aquella elección, sin embargo, Lula fue inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para competir. Por mayoría, el tribunal ha comprendido que Lula había sido condenado por corrupción y, por lo tanto, estaría impedido de presentarse a las elecciones, según la Lei Ficha Limpa – que prohíbe que uno elegido asuma un cargo, pero no que compita en las elecciones.
Este contexto hace que la victoria de Lula este domingo sea una redención para el partido: además de derrotar al candidato que venció al partido en las últimas elecciones, es también el regreso del partido al poder tras la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (PT) en 2016, por medio de un impeachment.
El mandato de Lula comienza en enero de 2023 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Con 77 años, ha dicho que no tiene intención de presentarse a la reelección, pero todavía no ha dado ninguna pista sobre su sucesión.
Campaña apretada
En la segunda vuelta, la campaña fue “muy reñida”, como admitió el propio Lula en una rueda de prensa.
También fue una campaña atípicamente desequilibrada. El TSE, responsable de la fiscalización de la elección, concedió a Lula 70 solicitudes de réplica debido a informaciones falsas difundidas por la campaña de Bolsonaro, según datos recopilados por la defensa de Lula hasta el 18 de octubre.
Al presentarse a la reelección, Bolsonaro no ha tratado de disimular sus esfuerzos por utilizar la maquinaria pública para ayudar a su campaña.
Dos meses antes del inicio oficial del periodo electoral, el gobierno consiguió que el Congreso aprobara un cambio en la Constitución para poder realizar gastos fuera del límite de gastos en año electoral (la Constitución prohibía el gasto en año electoral antes de este cambio, que sólo se aplica hasta el 31 de diciembre).
Con el cambio, el gobierno aumentó el valor de subsidios y creó beneficios para los camioneros y taxistas y un subsidio para la compra de gas, entre otros programas.
Sin embargo, según economistas, los programas lanzados por el gobierno deben costar al Presupuesto de la Unión al menos 110.000 millones de reales (US$ 20.500 millones) hasta el final de este año. Otros economistas del Instituto Brasileño de Economía de FGV-Rio (Ibre-FGV) estiman el déficit en 400.000 millones de reales (US$ 74.800 millones), una estimación que se ha considerado exagerada, pero que ha sido tomada en serio por Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda que apoyó a Lula en las elecciones de este año.
Contrainformación
También hubo intentos de desacreditar a los institutos de encuesta. Poco después de la primera vuelta, la campaña de Bolsonaro dijo que como los institutos de investigación se equivocaron en cuanto al desempeño de Bolsonaro, ellos trabajaron para perjudicarlo.
Dos días después de las primera vuelta, el ministro de Justicia, Anderson Torres, ordenó a la Policía Federal que abriera una investigación para averiguar si los institutos habían difundido encuestas falsas, lo que es un delito electoral.
Días después, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), responsable de las investigaciones antimonopolio, ordenó a su Superintendencia que investigara la formación de carteles en el sector de encuestas electorales.
El intento fue desarrollar la tesis de que los institutos que subestimaron el desempeño de Bolsonaro en la primera vuelta formaron un cartel para perjudicarlo. Pero las iniciativas fueron prohibidas por el TSE, responsable de supervisar las encuestas electorales.
Buscando a culpables
Más recientemente, la campaña de Bolsonaro también trató de plantear la tesis de que radios de la región Nordeste, donde Lula tuvo más votos en ambas vueltas, no transmitieron las piezas de campaña del presidente para favorecer al candidato de PT.
La denuncia fue enviada a TSE y archivada en el mismo día por falta de pruebas “o documento mínimamente serio” que fundamentara las acusaciones, según el presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes.
Las emisoras de radio citadas por la campaña de Bolsonaro negaron haber dejado de emitir las inserciones del partido – una de ellas incluso dijo que el propio partido había dejado de enviar las inserciones.
El episodio es irónico: Bolsonaro fue elegido en 2018 y se jactó de tener poco tiempo en radio y televisión, sólo ocho segundos en la primera vuelta, pero organizando una campaña victoriosa basada sólo en las redes sociales. Este miércoles (26), él dijo que estaba perdiendo en regiones en las que debería estar ganando debido al “tratamiento desigual” dado por las emisoras de radio a su campaña, que no ha sido probado.
Histórico
Lula fue presidente de Brasil durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010. Durante este período se enfrentó a varias dificultades, como la crisis financiera mundial de 2008 y las acusaciones de corrupción que llevaron a la cárcel a algunos de los principales dirigentes de su partido, condenados por corrupción.
Pero también fueron los gobiernos que crearon los principales programas sociales vigentes en el país. Entre ellos está Bolsa Família, el mayor programa de subsidios del mundo, considerado ya irrevocable por los políticos de todas ideologías; el Fies, para la escolarización de los jóvenes; el Prouni, para que las personas de bajos ingresos accedan a la educación superior; y Minha Casa Minha Vida, para adquisición de viviendas para la población de bajos ingresos.
Lula dejó el gobierno con más del 80% de aprobación, un hecho inédito para cualquier político elegido desde la redemocratización del país en 1985.
Tras su paso por la presidencia, él enfrentó a más acusaciones de corrupción e incluso fue detenido por la operación Lava Jato, que se montó en Curitiba con el objetivo de investigar la formación de un cártel de contratistas para amañar licitaciones de Petrobras y sobrefacturar los contratos y que señaló al ex presidente como el líder y mayor beneficiario de esta trama – lo que nunca fue probado.
Fue condenado en 2017 por el entonces juez Sergio Moro y no pudo presentarse a las elecciones de 2018. Así, Bolsonaro, que aparecía en segundo lugar en las encuestas electorales, fue elegido.
Lula fue detenido en abril de 2018, pero fue liberado en noviembre de 2019, con un cambio de posición del Supremo Tribunal Federal sobre la anticipación del cumplimiento de la pena.
También en octubre de 2018, antes de la segunda vuelta de las elecciones de ese año, Moro aceptó una invitación de Bolsonaro para ser su ministro de Justicia. Permaneció en el cargo de enero de 2019 hasta abril de 2020, cuando lo dejó acusando al presidente de injerencia indebida en la Policía Federal. En las elecciones de 2022, Moro fue elegido senador y una vez más apoyó la candidatura de Bolsonaro contra Lula.
Qué esperar de su gobierno
Con la victoria, Lula iniciará las articulaciones para montar su gobierno. Él ha recibido el apoyo de una amplia gama de personalidades del mercado, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, los ex presidentes del Banco Central Armínio Fraga y Henrique Meirelles, así como varios economistas más vinculados a la agenda liberal.
Además, Lula cuenta como candidato a la vicepresidencia el ex gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que fue candidato a la presidencia contra PT en dos ocasiones. En las elecciones de este año se unió a la candidatura de Lula como parte de una estrategia de candidatura moderada, más allá de la izquierda y de las agendas históricamente vinculadas a PT.
Por lo tanto, se espera que Lula forme un equipo más “de centro” que el visto en sus anteriores mandatos. Lula ya ha dicho varias veces que pretende apostar por la estabilidad de la deuda y la responsabilidad fiscal, aunque también ha dicho que no ve ningún problema en aumentar la deuda para tener capacidad de inversión pública.
Los analistas esperan que Lula sea más pragmático en su tercer mandato. Aunque de las bancadas de izquierda crecieron en la Cámara, él se enfrentará a grandes bancadas de derecha y conservadoras y a un número no despreciable de congresistas leales al ex presidente Bolsonaro.
Obstáculos
Esto podría obstaculizar los planes del gobierno para llevar a cabo las reformas que considera prioritarias, como la derogación del límite de gastos y su sustitución por otro régimen fiscal que todavía no se ha definido.
El nuevo gobierno también se enfrentará a problemas presupuestarios. Por ejemplo, Auxílio Brasil: la versión de Bolsonaro de Bolsa Família, que desde agosto paga 600 reales a las familias pobres, sólo durará hasta el 31 de diciembre de este año. A partir de enero, el importe vuelve a ser de 400 reales, según la propuesta de Presupuesto de la Unión enviada por el gobierno al Congreso. Por lo tanto, el gobierno de Lula ya comienza el año con esta tarea de articulación. El futuro presidente también tendrá que enfrentarse a la falta de previsiones presupuestarias del gobierno de Bolsonaro para otros programas sociales.
