Ciudad de México — Industrias Bachoco, el principal productor avícola de México, seguirá operando bajo las actuales regulaciones en materia de sanidad a pesar de la propuesta del Gobierno de eximir trámites de salubridad como parte de un paquete de acciones que buscan ayudar a contener la inflación en alimentos.
Bachoco “acordó seguir trabajando con las regulaciones actuales y creo que es el mismo pensamiento de toda la industria para mantener al país igual, de la misma manera en términos de salud y bioseguridad”, dijo Rodolfo Ramos Arvizu, director general de Bachoco, en una conferencia con analistas e inversionistas.
Las declaraciones del CEO de Bachoco siguen a las realizadas por representantes de Sigma Alimentos, del grupo regiomontano Alfa, que analiza importar insumos cárnicos de mercados extranjeros menos costosos, pero de la mano del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), la agencia responsable de la salubridad de alimentos.
“Estamos destacando que necesitamos conducir estas iniciativas de la mano con las autoridades, en este caso Senasica. Consideramos que su expertise es muy relevante en este proceso”, dijo Roberto Olivares, director de finanzas de Sigma, en una conferencia con analistas e inversionistas, el 21 de octubre.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estableció a principios de octubre un acuerdo con 15 empresas de alimentos y distribuidores que pone énfasis en la reducción de costos regulatorios y logísticos, con el fin de controlar la inflación de una canasta de 24 productos básicos.
Entre las empresas que forman parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC 2.0) se encuentran Bachoco y Sigma, esta última conocida por sus embutidos de marcas como Fud y San Rafael.
El paquete considera una licencia única universal para la importación de alimentos y exime a las empresas participantes de regulaciones y trámites. A las empresas se les confía que las mercancías que comercian cumplen con la calidad requerida.
El acuerdo dispensa de todo trámite o permiso a las empresas, incluyendo aquellos de Senasica de la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Impuesto General de Importación.
La iniciativa, que aún no ha sido promulgada formalmente por el Gobierno, ha generado controversia y preocupaciones por el riesgo en materia de salubridad.
