Santiago — El Ministerio de Hacienda presentó este martes ante la Comisión de Minería y Energía del Senado un conjunto de indicaciones que, según afirmó en un comunicado de prensa, “reformulan significativamente” el proyecto de ley de royalty minero discutido en esta instancia.
Las indicaciones involucran una simplificación y reducción del componente ad valorem, un cambio de la base del componente variable, que se determinará en base a rangos de margen operacional minero en vez de precios del cobre, una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales debido a su aplicación, y la inclusión de la depreciación como parte del cálculo del margen operacional minero.
¿Qué significa esto?
En líneas generales, la propuesta gubernamental ahora establece un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas, excluyendo así a la mediana minería. “En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen”, indica el comunicado.
Igualmente se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación. “Considerando estos cambios, se estima que el royalty minero recaudaría un 0,6% adicional del PIB, de lo cual 0,46% del PIB sería producto de la nueva estructura y el 0,15% restante resultado del crecimiento de la producción y los costos”.
¿Cómo quedaría la recaudación?
El proyecto de royalty forma parte de la propuesta de reforma tributaria impulsada por el presidente Boric, que tiene como objetivo recaudar un 3,6% del PIB.
Con las nuevas indicaciones al proyecto de royalty se incorporan nuevos destinatarios distribuyendo una parte importante de los recursos a gobiernos locales y regionales, con especial prioridad a aquellos de zonas mineras. Para compensar por las externalidades negativas que conlleva la extracción mineral, se entregarán US$20 millones en total a distribuir entre las 25 comunas mineras que mantengan dentro de sus territorios faenas de explotación que estén sujetas al pago del royalty, según el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, está planteado un aporte al “Fondo Común Municipal” por un monto de US$ 60 millones, lo que duplicaría lo entregado al fisco en la actualidad, y se dispondría de US$ 280 millones para otro fondo regional de productividad y desarrollo.
Semanas de conversaciones y observaciones al proyecto
Según el Gobierno, estas modificaciones se produjeron después de varias semanas de conversaciones con legisladores y representantes de la industria minera. “Estamos agradecidos de las conversaciones sostenidas en las últimas semanas, que nos han permitido encontrar una alternativa que equilibra mejor los objetivos de recaudación con el crecimiento y desarrollo de la industria”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
El Ejecutivo dice que, además, consideraron planteamientos realizados por especialistas y académicos en diferentes audiencias sobre el proyecto discutido en el Senado.
De acuerdo con un reporte conocido el viernes del centro de estudios CEP, la propuesta elevaría la carga fiscal total para las grandes mineras cupríferas entre un 47% y 74% sobre las ganancias, según el precio de los metales.
En tanto, las empresas con una producción menor a las 100.000 toneladas al año, la tasa efectiva sería de un 56% a un 70%, lo que estaría por encima del rango actual del 36% y el 43%.
El reporte académico dice que el proyecto pondría a Chile por encima de las tasas impositivas de otros países productores de cobre, afectando con mayor intensidad a las empresas de menor margen.
