Bogotá — Tras el llamado que hizo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre la urgente necesidad de revisar los objetivos misionales de las cajas de compensación familiar en el marco de un Gobierno que tiene como prioridad la justicia social y hablando de un sistema cuyos beneficiarios son más de 21 millones de personas, Bloomberg Línea consultó a tres directores de estas entidades, al gremio que las agrupa y al superintendente de Subsidio Familiar, para preguntarles si llegó el momento de transformar a estas entidades de derecho privado, y sobre todo, cuáles son esos cambios que se requieren.
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“No creo que el tema sea replantear la misionalidad, lo que hay que hacer es ir adaptando el quehacer de las cajas a los cambios que la sociedad va planteando. Hay que construir sobre lo que ya se ha hecho y de alguna manera validarlo de acuerdo a las necesidades actuales. Las cajas han venido jugando un papel clave en la creación de una clase media y en la consolidación de una mejor sociedad en Colombia”, indicó Juan Eduardo Zuluaga, director de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa.
Entre esos cambios, resaltó que hay que desregular el sistema porque nació descentralizado y se ha centralizado mucho, lo cual es un error porque todas las regiones del país son distintas. Asimismo, que se ha vuelto “burocráticamente pesado” y que hay que quitarle parte de esa burocracia, por lo que las cajas deben trabajar más fuerte en fortalecer todo lo que tiene que ver con el mecanismo de protección al cesante y el seguro de desempleo, un esquema en el que todavía Colombia está en sus primeras fases de desarrollo.
Zuluaga también habló de la necesidad de liberar recursos de las cajas, explicando que hay un par de asignaciones que hacen a salud y niñez y, que a medida que la demografía del país está cambiando, se deberían volver a liberar esos recursos para que “dependiendo de esa condición en cada caja, se pueda invertir más en el adulto mayor, por ejemplo, que se está volviendo una necesidad, como es el caso de Caldas. Precisamente por eso es tan peligroso tratar de centralizar las políticas desde Bogotá, porque las necesidades que hay acá son completamente diferentes a las de otros departamentos”.
Adicional a eso, dijo que hay que incorporar a la formalidad a una gran parte del país que está fuera de ella para que pueda entrar a disfrutar los servicios de las cajas, y que ese proceso no puede ser simplemente prestar los servicios sino crear las condiciones para que ello suceda. Lo que eventualmente puede requerir de un subsidio del Estado para traer, por ejemplo, a los trabajadores del campo a formalizarse.
Y es que fue enfático el llamado a la acción que hizo la Ministra durante el Congreso Nacional de Asocajas. Manifestó que aunque las cajas de compensación familiar han cumplido con su delegación de forma consensuada y eficiente, llegando a gran parte del territorio nacional, incentivando el crecimiento de una clase media trabajadora, impulsando la creación de nuevas fuentes de empleo, mejorando las condiciones de vivienda y creando economías sostenibles en las que el turismo, el deporte y la cultura son unos ejes fundamentales, “es necesario que haya una transformación de muchos de sus programas que, si bien he reconocido han sido importantes,también quiero decirles que en las realidades del mundo de hoy y de la situación de nuestro país requieren de un cambio”.
Si se revisa el panorama actual, de 43 cajas de compensación familiar: cinco están intervenidas por la Superintendencia de Subsidio Familiar y una más está en vigilancia especial; y por parte de la Superintendencia Nacional de Salud: dos de estas entidades han solicitado su retiro voluntario y dos más han pedido un programa de reorganización institucional. Cuatro han sido liquidadas administrativamente.
Según cifras de la Superintendencia de Subsidio Familiar, a junio del presente año se encuentran afiliados a estas cajas 10 millones 342 mil trabajadoras y trabajadores, con más de 10 millones 774 mil personas a cargo, por lo que se estima que la población total de personas beneficiadas por el sistema de subsidio familiar suma más de 21 millones de personas en el país.
Para Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, “las cajas siguen siendo sin ánimo de lucro, están orientadas a acompañar la política social del gobierno de turno y de los empresarios y a estimular la productividad. Pueden ser mucho más integrales, considerar el concepto de bienestar y no de subsidios como su objetivo principal”. Y en esa línea habló de lo que llama la versión 2.0 de las cajas de compensación familiar, actualizando su misionalidad pero sin distanciarse de su objetivo social, con dos cambios importantes.
El primero, una función más integral: “en Compensar, por ejemplo, decidimos dejar de ser una caja de compensación solamente y presentarnos ante la sociedad como una plataforma integral de bienestar de servicios sociales, ¿qué significa eso? Que con base en la información avanzada que tenemos de los usuarios, de sus necesidades, los identificamos, les preguntamos qué quieren, miramos qué hacen, cómo se han comportado, y así podemos dar un diagnóstico y una oferta de programas, soluciones y servicios más adecuada”.
Y el segundo, haciendo referencia al momento que atraviesa el país: “tenemos un Gobierno de corte más social, donde seguramente gran parte del recaudo de la reforma tributaria va a ir a ese propósito, entonces se debería poder hacer una inversión mucho más decidida a garantizar infraestructura, condiciones de estabilidad, sembrar el terreno para que nosotros entremos y lo trabajemos de forma operativa. Lo que es distinto a entregarle el subsidio a la persona de forma directa”.
Asimismo reiteró una propuesta que se ha hecho desde Compensar: tener regímenes de seguridad social específicos por tipo de trabajador, es decir que tanto la pensión como la caja de compensación, la salud y la ARL sean específicos, con reglas de juego distintas. Así, enfatizó, se siente la seguridad social más cercana porque es propia a cada necesidad.
Entre los argumentos que da la Ministra para hacer esta transformación hay dos principales. Por un lado, que de la población total cobijada por el sistema, solo una mínima parte, 398.545 trabajadores, menos del 4%, corresponde a trabajadores rurales. “Lo que refleja la dura problemática de la informalidad en el campo, con una tasa de 84,3%, y en donde de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 2021 del Dane, el 70% de la población se considera pobre. Vean ahí una buena línea de trabajo para que las cajas con su potencial apoyen estas políticas de Gobierno: generar empleo en la ruralidad y bienestar a ese sector”.
“Debemos pensar las nuevas necesidades de las familias para orientar nuestras miradas hacía la población de adultos mayores, la nueva niñez y los nuevos hogares”
Adriana Guillén, presidenta de Asocajas
Para lo cual, destacó, se requieren esfuerzos en tres frentes: la formalización del trabajo rural mediante formas asociativas que permitan la dignificación de estas familias; la ampliación de la seguridad social para esta población; y una mayor cobertura del subsidio familiar, de tal manera que poblaciones vulnerables como los campesinos y campesinas puedan acceder a este sistema de compensación de ingresos y a los beneficios económicos y no económicos que de este se derivan.
Y por el otro, la dinámica de destinación de recursos que hacen estas entidades, teniendo como premisa que el recaudo por concepto de cotización a las cajas de compensación del 4%, de acuerdo con las cifras reportadas entre enero y junio de 2022, fue de $4,7 billones, mientras que la cifra efectivamente pagada en ese mismo periodo para subsidios de vivienda a través de las cajas fue de $562.938 millones, y al mecanismo de protección al cesante FOSFEC fueron destinados otros $500.000 millones.
Por lo que la jefe de la cartera de Trabajo expuso que las cajas prestan a sus afiliados en las condiciones actuales otros servicios como recreación, educación, salud, así como créditos de libre inversión, consumo y vivienda, lo que tiene algún impacto en la población trabajadora, pero que “teniendo en cuenta los ingresos por cuenta de los aportes de nómina se esperaría que ese impacto fuera mayor y más en el marco de una situación de pospandemia, que dejó a muchos colombianos no solo sin empleo sino sin mecanismos de protección para sus familias”.
Al respecto, David Escobar, director de Comfama, la primera caja de compensación familiar del país ubicada en Antioquia y que cumple 70 años, precisó que estas entidades han estado permanentemente replanteándose, entendiendo eso sí que es importante mantener esos diálogos fieles a su espíritu como plataformas de conexión entre empresas y trabajadores y familias, como instituciones que operan además de una prestación social, que es parte esencial del esquema laboral colombiano, como instituciones de inclusión que tienen la responsabilidad de consolidar la clase media en Colombia y para ser el brazo social de las empresas nacionales de todos los tamaños.
“Entonces ¿se tienen que modernizar las cajas? Sí, como siempre lo han hecho; ¿tienen que adaptarse? Sí, como siempre lo han hecho, ¿a qué desafíos se deben adaptar y lo están haciendo con éxito? A ser funcionales, utilitarias y clave en la formalización de trabajo en el campo colombiano; para acercar a las empresas a la juventud, para entender mejor sus demandas, necesidades, aspiraciones y capacidad laboral; defender su papel en la cultura y en la educación como instituciones constructoras de oportunidades; y entenderse también como organizaciones constructoras de paz en el contexto actual”, declaró.
La opinión de Asocajas
Al preguntarte a Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, gremio que agrupa a estas entidades, si se deben replantear los objetivos misionales de las cajas de compensación familiar, respondió contundentemente que “no. El objetivo misional es y seguirá siendo fundamental para el avance de las regiones, para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores colombianos y sus familias, y para la redistribución de la riqueza. Sin embargo, sí tenemos retos importantes alrededor de los cambios demográficos del país y las zonas rurales”.
Entre esos desafíos están los cambios demográficos del país, anotando que es necesario adaptar los servicios y programas a las nuevas tendencias poblacionales. “En Colombia el promedio de hijos por mujer pasó de 7 en la década de los cincuenta a 1,9 en el 2018, lo que además ha llevado a cambios en la conformación de los hogares. Frente a esto, debemos pensar las nuevas necesidades de las familias para orientar nuestras miradas hacía la población de adultos mayores, la nueva niñez y los nuevos hogares, cuyo bienestar deberá ser una prioridad en nuestras agendas desde una perspectiva de pertinencia y productividad”, describió.
Y agregó que en materia de ruralidad se debe fortalecer la focalización en las regiones del sistema para llevar el subsidio familiar a cada rincón del país y lograr el bienestar integral para la población más necesitada. Así como ampliar la cobertura de servicios debe ser una prioridad estratégica para los actores de este sector y el avance en la creación y consolidación de esquemas de atención para las poblaciones antes mencionadas, sin descuidar a los actuales afiliados.
¿Qué dice el Supersubsidio?
El superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, entidad que se encarga de la inspección, control y vigilancia de las cajas de compensación familiar, le dijo a Bloomberg Línea que ha estado conversando con esta entidades sobre los planteamientos de la Ministra y que “tiene razón en lo que ha expresado frente a la necesidad de que los subsidios del desempleo se desembolsen en una sola cuota y de forma mucho más ágil, que haya más subsidios a la vivienda, se requiere más capacitación en relación con empleados que pueden perder su trabajo. Son temas que hay que trabajar, que hacen parte de un sistema que no es de lucro, sino que tiene como corazón la solidaridad y la compensación”.
Asimismo, sostuvo que estas entidades se han ido fortaleciendo progresivamente y que hoy manejan un presupuesto anual de $24 billones, entre planes de negocios, asuntos de salud, cotizaciones de 4% que pagan los empresarios para garantizar el bienestar social de los trabajadores y trabajadoras. “Tienen centros de recreación en prácticamente todo el país, a los que asisten alrededor de 15 millones de personas cada año, forman 2,5 millones de personas en sus colegios, universidades y centros de capacitación. Así que hacen una labor impresionante, son el estado social de derecho dentro del mundo privado. Efectivamente suplen al Estado en muchos vacíos donde no actúan las administraciones municipales y departamentales”.
Entre los retos del sistema, detalló, están acabar con la politiquería y la corrupción en ciertas cajas de compensación, refiriendo que aunque es un sistema por lo general muy sano, sí hay denuncias por la utilización de ciertas cajas a favor de determinadas familias políticas. Lo cual, aseveró, es una clara violación de la democracia.