Ciudad de Panamá — El Grupo de Acción Financiera (GAFI) volvió a recordar que Panamá debe continuar tomando medidas “urgentes” para abordar por completo su plan de acción anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, ya que todos los plazos vencieron en enero de 2021.
Reunido hoy en París, la capital francesa, el organismo intergubernamental creado por el G7 para estandarizar normas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dijo que Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, tales como la verificación adecuada de información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades responsables.
”El GAFI insta encarecidamente a Panamá a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023 o considerará llamar a sus miembros e instar a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá”, indica el organismo.
Aduce que este plan de acción debe efectuarse estableciendo el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes y a través de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, así como seguir implementando las medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominales. A su vez, demostrar la capacidad para investigar y enjuiciar el lavado de dinero que involucre delitos fiscales extranjeros.
Desde junio de 2019, Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para fortalecer la efectividad de su régimen contra este flagelo.
Ante este reporte internacional el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un comunicado indicando que Panamá obtuvo un alza de calificación, lo que permite avanzar en el Plan de Acción de GAFI, obteniendo 12 acciones cumplidas de las 15 establecidas en junio de 2019, luego de la reunión del 7 de septiembre de 2022 en Nicaragua.
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Gordón, reiteraron el compromiso que el país mantiene al más alto nivel, para cumplir con el referido plan de acción y fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, añade el documento.
El país debe culminar la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiarios Finales, mecanismo que adoptó para garantizar que los agentes residentes tengan disponible la información actualizada y verificada de beneficiario final de personas jurídicas panameñas.
Actualmente, dicha información es solicitada y obtenida a través del agente residente, por parte de la autoridad competente, para fines de supervisión o investigación.
Asimismo, el Registro Único de Beneficiarios Finales debe ser accesible a las autoridades competentes y la Superintendencia de Sujetos no Financieros, como custodio de dicho registro, verificará la información a través de las supervisiones con un enfoque basado en riesgo.
De la acción relacionada con investigaciones de blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente, se aportaron suficientes evidencias de efectividad en cada uno de los tres subpuntos que conforman esta acción, según la institución.
