Ciudad de México — El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó tras ocho horas de discusión el dictamen de la Ley Federal de Derechos 2023 que prevé ingresos por MXN$57.193 millones para el Gobierno federal.
Con 270 votos a favor, 217 en contra y una abstención, fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley de Derechos, por lo que se turnó a la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación.
Aunque los diputados presentaron decenas de reservas al dictamen de Ley de Derechos, la iniciativa fue aprobada en los términos en que fue enviada por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre en el Paquete Económico 2023.
Durante la discusión había sido admitida una reserva de Morena relacionada con destinar más recursos para infraestructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores para las oficinas de pasaportes, sin embargo, al final en la votación fue desechada la reserva por amplia mayoría.
El dictamen fue apoyado por Morena y sus aliados el Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM), mientras que los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Revolución Democrática (PRD) votaron en contra.
La Ley Federal de Derechos contiene el cobro de derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, y por la prestación de servicios públicos, principalmente.
La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala, fundamentó el dictamen de Ley de Derechos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y dijo que, con relación a la Ley vigente, el dictamen presenta un total de 40 modificaciones, 24 reformas, 10 adiciones y seis derogaciones a 35 artículos, mismos que fueron propuestos por el Ejecutivo federal.
Entre los cambios se encuentra que no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, tratándose de construcción y explotación de aeródromos de servicios comunitarios o por los servicios, permisos de explotación de reproducciones en materia de monumentos y zonas históricas y artísticas, entre otros.
También se actualiza el cobro de derecho por el uso de espectro radioeléctrico, ya que establece como referente para el cobro la capacidad de transmisión de datos con base en canales telefónicos y las tecnologías de telecomunicaciones que son digitales.
En este sentido el dictamen propone establecer un nuevo esquema de cobro, en el cual se considere la cantidad de espectro considerado o asignado, lo que permitirá una debida proporcionalidad en el cobro con respecto a la cantidad de espectro utilizado y con ello incentivar al mismo tiempo su uso eficiente acorde a la evolución tecnológica.
