El clima político en Bolivia atraviesa su momento más álgido desde la llegada de Luis Arce a la Presidencia y el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y Santa Cruz de la Sierra sigue escalando, mientras las autoridades de ambos poderes ejecutivos no parecieran querer acercar posiciones. En las últimas horas el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, advirtió nuevamente a Arce que se acaba el tiempo para que dé marcha atrás en su decisión de aplazar hasta 2024 el nuevo censo poblacional.
La amenaza de Camacho tiene que ver con que a partir del sábado 22 de octubre comenzaría el paro indefinido en Santa Cruz de la Sierra. La respuesta del oficialismo nacional no fue mucho más amable: “Esperemos que el gobernador de Santa Cruz, junto a sus secuaces, puedan reflexionar y puedan dejar trabajar a todo el pueblo cruceño”, respondió en una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
El paro cruceño
El 30 de septiembre, entidades ciudadanas representativas de Santa Cruz realizaron un cabildo en en el marco del Comité Interinstitucional de Defensa del Censo y acordaron llevar adelante una huelga indefinida. La misma, en caso de efectivizarse, comenzaría el próximo sábado, para exigir que el relevamiento censal se lleve a cabo en 2023 y no en 2024, como pretende la administración Arce.
Apoyos y rechazos
Según el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, el paro indefinido contará con respaldo en todas las regiones del país.
Por otro lado, Beni es el primer departamento en el cual se da su apoyo frontal a Santa Cruz en la exigencia de que se lleva adelante el Censo de Población y Vivienda en 2023. El pasado 24 de agosto, la Asamblea de Instituciones Benianas definieron exigir al Gobierno nacional que el censo se realice en 2023 y no en 2024, por lo que encargó al Comité Cívico del Beni “asumir medidas para fijar el censo para el próximo año”.
En este contexto, la vicepresidenta del Comité Cívico, Tania Saldaña, comunicó que se decreta un paro cívico en todo el territorio beniano para el 24 de octubre. El gobernador Alejandro Unzueta no estuvo de acuerdo con la decisión, pero aseguró decidió respetarla.
No obstante, alcaldes del departamento de Santa Cruz, nucleados en la Asociación de Municipios Cruceños (Amdecruz), y el alcalde de la capital, Jhonny Fernández, rechazaron la realización de la huelga.
En línea con esta última mirada, El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Rodrigo Puerta, dijo que la institución que representa rechaza el paro indefinido en Santa Cruz y aseguró que la medida “azotará” a quienes tienen “menores condiciones” económicas, según explicó la agencia estatal de noticias, ABI.
En tanto, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) emitió un comunicado el miércoles 29 con un llamado “urgente” al diálogo, para que no escale el conflicto.
“Estamos convencidos de que el único camino para la solución de conflictos es el diálogo sincero y abierto, y la concertación, fomentando una cultura de la escucha y buscando el bien común”, sostuvieron las autoridades eclesiásticas bolivianas.
El Censo
La realización del censo en 2023 permitiría reformular partidas presupuestarias en función de la realidad demográfica que arroje, por eso es que algunas regiones solicitan que se cumpla con lo pactado previo al decreto que posterga la realización. Este reclamo no solo involucra a Santa Cruz y Beni, sino también a La Paz, Cochabamba y Tarija.
Ante este escenario, se le exige al Gobierno nacional que derogue el Decreto Supremo 4.760, que establece el Censo en 2024.
Según destaca un artículo de ABI, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) convocó la semana pasada al Comité cruceño a la mesa técnica, que contó con expertos internacionales y se instaló en Santa Cruz, para que defienda su propuesta censal; sin embargó, esta comitiva no asistió a la cita.
