Lima — Después de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, presidente de Perú, por parte de la Fiscalía de la Nación el pasado lunes 10 de octubre, el gobierno de Castillo envió una misiva a la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidiendo que se apliquen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, tras considerar que la institucionalidad democrática del país se encuentra en riesgo.
Tras esta comunicación, el consejo permanente de la OEA decidió reunirse este jueves para “considerar la situación en el Perú” en una sesión extraordinaria, según comunicó Luis Almagro, secretario general de la OEA, este 18 de octubre.
La reunión se realizará a la 1:30 p. m. hora peruana, y participarán tanto el canciller César Landa como el primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón Orellana.
En concreto, el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA establece que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o consejo permanente de la organización para solicitar asistencia en el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
En tanto, el artículo 18 de esta Carta establece que cuando se produzcan situaciones en un Estado miembro que puedan afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o consejo permanente podrá “con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
“El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”, se precisa.
El mandatario peruano ha argumentado ante las figuras internacionales una supuesta nueva modalidad de “golpe de Estado” en contra suya y de su gobierno, algo que también afirmó el lunes 10 de octubre en una conferencia de prensa que realizó solo con medios internacionales.
La situación del mandatario peruano es delicada, toda vez que actualmente es sujeto de hasta cinco investigaciones fiscales y el caso más reciente tiene que ver con la denuncia que presentó la fiscal Patricia Benavides en su contra, por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y corrupción en contratos para un proyecto, entre otros presuntos delitos que se le imputan al mandatario peruano.
La denuncia fue presentada ante el Congreso peruano, que está camino a analizarla. El Parlamento peruano ha pedido al Tribunal Constitucional (TC), entidad legislativa independiente, interpretar la constitución tras la denuncia presentada por la fiscal Benavides para saber si Castillo puede o no ser acusado durante el ejercicio por delitos de corrupción como los que se le imputan.
ARGUMENTOS DE CASTILLO ANTE LA OEA
En el documento que ha enviado el presidente peruano a la OEA, que tiene hasta once páginas, Castillo argumenta sobre la narrativa que ha impulsado la oposición al gobierno por supuesto fraude “que nunca fue demostrado”, tras la segunda vuelta electoral del 2021 que disputó contra Keiko Fujimori.
Castillo también se refirió a manifestaciones públicas de diversos congresistas de oposición sobre la posibilidad de retirarlo del cargo mediante una vacancia o destitución presidencial, así como las comisiones investigadoras que se han armado por el supuesto fraude electoral y como investigación de sus primeros 100 días de gobierno.
El presidente de Perú habló también sobre iniciativas que el Congreso ha aprobado para fortalecer su poder frente al Estado, como la intención de reformar el artículo 117 de la Constitución para sacar a Castillo de la presidencia.
El mandatario también añadió comentarios sobre las denuncias constitucionales en su contra, el control político hacia su gobierno (casi 30 interpelaciones a ministros de Estado) y los pedidos de vacancia, como el tercer proceso que impulsa el parlamentario Edward Málaga y que podría se presentado próximamente.
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