Bogotá — El Congreso de la República aprobó en segundo debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023. El monto aprobado asciende a $405,6 billones (27,7% del PIB), con un aumento de 15,1% frente a 2022.
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Así, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes avalaron esta iniciativa con una votación mayoritaria, lo que evidencia los consensos alcanzados alrededor de su monto, composición, fuentes de financiación y disposiciones complementarias.
De acuerdo con el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, el PGN 2023 será la carta de navegación financiera del Gobierno nacional para el próximo año, de cara a los retos postpandemia que afronta el país en materia económica y social, en un entorno internacional complejo, caracterizado por la persistencia de la inflación mundial, la desaceleración de la actividad económica, la elevación de las tasas de interés y la aversión al riesgo financiero hacia economías emergentes.
Explicó que la norma aprobada permitirá adelantar una política fiscal inteligente, toda vez que se avanzará en una racionalización del gasto operacional en favor de la inversión, acorde con las posibilidades reales de financiación.
La inversión crece 6,3% frente a 2022 y totaliza $74 billones, cifra que contrasta con los $62,7 billones programados en el proyecto inicial, radicado por la administración anterior, que significaban una caída de 10% con respecto al año anterior.
Con mayor inversión, la política fiscal ayudará a fortalecer la resiliencia de la economía colombiana frente a eventos internacionales adversos, mediante la expansión y la diversificación de las cadenas de producción y de suministro, en línea con la transición energética y la búsqueda de la paz total.
Por su parte, los gastos de funcionamiento suman $253,6 billones: 20,1% más que en 2022. Este incremento se explica, fundamentalmente, por los recursos destinados a reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC-, para lo cual se destinará en 2023 alrededor de 1,3% del PIB. Este aumento obedece también, aunque en menor medida, al cumplimiento de mandatos constitucionales y legales relativos al aseguramiento en salud, el pago de mesadas pensionales, el Sistema General de Participaciones -SGP-, los gastos de personal y los aportes nacionales a las universidades públicas.
De igual forma, el presupuesto aprobado asegura recursos para cubrir el servicio de la deuda pública. Con este propósito se apropiaron $78 billones: $24 billones para deuda externa y $54 billones para deuda interna. Para el pago de intereses y comisiones se destinaron $42,5 billones, para amortizaciones de capital $32 billones y para el fondo que cubre contingencias derivadas de procesos judiciales en contra $3,5 billones.
Ocampo precisó que el presupuesto aprobado mantiene el déficit fiscal y la deuda pública dentro de parámetros financieros sostenibles. “La financiación del PGN 2023 es coherente con el cumplimiento de la regla fiscal. Avanzar en la consolidación fiscal es un compromiso ineludible de este gobierno”.
Explicó que las necesidades de financiamiento crediticio se reducen alrededor de 20% respecto a 2022. De otra parte, el aumento del recaudo tributario previsto para 2022 elevará la base para 2023 y junto con la gestión de la DIAN permitirá expandir los ingresos corrientes, que se proyecta representen 65% del total ($264,3 billones). Se estima que los recursos de capital aporten 30% de los ingresos totales ($120,1 billones) y las rentas parafiscales y fondos especiales el 5% restante ($21,2 billones).
El texto aprobado no incluye los posibles recaudos provenientes de la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, que las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el pasado 6 de octubre. Ocampo aclaró que se propondrá al Congreso incorporar estos recursos en el PGN de 2023, de acuerdo con el articulado que finalmente resulte aprobado, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad presupuestal vigente.
Cabe anotar que la aprobación del proyecto es fruto de un esfuerzo interinstitucional de análisis y debate democrático por parte del Gobierno nacional, el Congreso de la República y diversos sectores gremiales y sociales, que permitió modificar el proyecto inicial, radicado por la administración anterior, para empezar a materializar el programa de gobierno de “Colombia Humana, potencia mundial de la vida”, dentro de una senda fiscalmente responsable.
Sin servicio de la deuda, los sectores con mayor apropiación para 2023 son: educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones; hacienda, $48,7 billones; defensa y policía, $48,3 billones; trabajo, $37,9 billones; e inclusión social y reconciliación, $17,8 billones.
Gracias a los ajustes realizados por el Congreso se podrán fortalecer las transferencias monetarias dirigidas a la lucha contra el hambre; sustituir cultivos e implementar programas de paz en las zonas de conflicto; fomentar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria; mejorar el mantenimiento de vías y caminos vecinales; preservar el medio ambiente; mejorar la infraestructura en educación; cerrar brechas digitales y mejorar el acceso a telecomunicaciones en regiones apartadas; ciencia y tecnología; cultura y deporte; asegurar el pago de subsidios de gas y electricidad y cubrir faltantes de gasto en otros programas sociales y productivos de diversos sectores, en especial ciencia, cultura y deporte.
El texto aprobado incluye disposiciones que permitirán avanzar en la lucha contra la inflación, entre las cuales sobresalen: subsidios de energía eléctrica y gas, y subsidio del 50% del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego.
También contiene disposiciones para cumplir los compromisos relativos a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; la prevención y atención de desastres; aliviar el pago de las deudas del ICETEX; cofinanciar el déficit de los sistemas de transporte masivo; atender los pasivos en salud de la atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19; y fortalecer las labores de defensa de los derechos ciudadanos, a través de la Defensoría del Pueblo.
