Bogotá — Aunque la reforma tributaria del Gobierno Petro arrancó con pie derecho en el Congreso de la República, cada vez son más los cuestionamientos que se hacen al proyecto y que no vienen de los partidos que desde siempre se opusieron al mismo, Cambio Radical y el Centro Democrático. Ahora son los liberales y el Partido de La U quienes trazaron sus líneas rojas y condicionaron su apoyo a la reforma, que ya libró su primer debate en las comisiones económicas, pero ¿pasará lo mismo cuando empiece su examen en plenarias?
Síguenos en las redes sociales de Bloomberg Línea Colombia: Twitter, Facebook e Instagram
Este miércoles el Partido Liberal adelantó una reunión para definir su postura frente a la reforma y estableció los 10 puntos que no apoya. Asimismo manifestó su intención de discutir profundamente los artículos y de no votar en bloque. “Esto no tiene ni un artículo para defender, ni uno. No hay ni un artículo que uno diga: esto hay que pelearlo, nada. Solo hacen daño, daño y daño”, dijo César Gaviria, presidente de la colectividad, durante el encuentro que se llevó a cabo en el Hotel de la Ópera en Bogotá.
Entre esos puntos en discordia están los impuestos a las pensiones, “es necesario garantizar que la pensión no se grave dos veces: una vez cuando se realiza la cotización y otra cuando se obtiene la pensión. Esta doble tributación sucede en la medida que el proyecto de reforma está gravando los aportes a los fondos de pensiones superiores a una cuantía cercana a $1.300.000, y la pensión de más de $9.500.000. Para muchas personas en esta situación, una parte de la pensión quedará doblemente gravada”, resaltó Gaviria en los comentarios que hizo al proyecto.
Asimismo se hacen reparos al monto de $22 billones que se pretende recaudar, indicando que este debería bajar a $15 ó $12 billones.
Otra de las críticas es por la fijación de una tarifa del impuesto de renta del 20% para las zonas francas, que se aplicará para los usuarios cuyos ingresos por las actividades para las cuales fueron autorizados representen como mínimo los siguientes porcentajes del total de lo que reciben: 60% en 2024, 70% en 2025 y 80% en 2026; y para los usuarios industriales que no cumplan con los porcentajes previstos en la norma se someten a la tarifa general del 35%.
El Partido Liberal ha manifestado que debe quedar claro que las zonas francas prestadoras de servicios no requieren cumplir con un plan de exportaciones para acceder a la tarifa especial, pues existen zonas francas que desarrollan actividades de salud, cultura, puertos, que no tienen por objeto la realización de exportaciones, pero que contribuyen de manera importante al desarrollo de un sector específico. “Por su parte, los porcentajes del plan de internacionalización exigidos para acceder a la tarifa especial, son muy elevados frente a las posibilidades reales de crear cadenas de valor para las exportaciones”, resaltó Gaviria.
En esa línea y al cierre de la reunión, el representante a la Cámara por esa colectividad, Alejandro Chacón, expresó que seguirán estudiando el proyecto y resaltó que “hoy no hay informe de ponencia para segundo debate, se votó un primer informe en comisiones conjuntas, pero el texto final que se radicará en las plenarias aún no está disponible. Se está construyendo entre el Gobierno y los ponentes, esperamos incidir en él”.
El Partido de La U, por su parte, también adelantó un encuentro este miércoles y concluyó que aunque acompañarán la reforma tributaria, no apoyarán iniciativas que, para ellos, representan afectaciones a las poblaciones menos favorecidas. Así, trazaron una línea roja sobre los siguientes temas: el derecho a los pensionados a tener un mínimo vital, argumentando que no se les puede dar el mismo trato que a las personas económicamente activas; el aumento de impuestos para la compra y venta de inmuebles y el desacuerdo enfático a gravar alimentos.
Recordemos que este partido propuso al Congreso una tarifa diferencial de renta para las micro y pequeñas empresas, que se ajuste al sistema de tributación simple y donde se vea una disminución de las tarifas con las que se gravan sus utilidades. Ello, con el objetivo, según han argumentado, de estimular la generación de empleo y la formalización laboral.
Asimismo han impulsado una de las proposiciones que se tendrán en cuenta en segundo debate y que hace referencia a retirar los incentivos tributarios para las donaciones a bancos de alimentos. Ello indicando que la Red de Bancos de Alimentos ya alertó que podría aumentar el hambre en Colombia al impactar a un millón de personas.
