Bloomberg Línea — El paro nacional de 18 días que se realizó en junio fue el inicio de un proceso de diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y las organizaciones sociales, principalmente las comunidades indígenas, que se extendió por 90 días.
Tras estas mesas de diálogo, que partieron de un pliego de 10 propuestas macro por parte de las comunidades y para los cuales se realizaron mesa puntuales (minas y energía, educación, salud, entre otras), el gobierno ecuatoriano comunicó que los tres meses concluyeron este viernes 14 de octubre con más de 200 acuerdos entre las organizaciones y el Ejecutivo.
“Son 218 acuerdos firmados y entregados para beneficio de todo un país. 218 acuerdos económicos, productivos, en salud, educación, empleo, seguridad y no en beneficio único y exclusivo de quienes participaron en las mesas, sino en beneficio de 18 millones de ecuatorianos”, expresó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el acto de cierre de las mesas de diálogo.
En este proceso se pusieron en marcha 10 mesas temáticas, participaron 37 entidades gubernamentales, las tres organizaciones más grandes del país (CONAIE, FENOCIN y FEINE).
El Banco Central de Ecuador (BCE) dijo a finales de septiembre que las pérdidas de la economía por el paro nacional de junio fueron de US$1.115 millones, de los cuales US$330 millones correspondieron a pérdidas y daños del sector petrolero y US$785 millones a otros sectores.
“Este proceso continuará con mayores bríos y se extenderá a otros sectores: productivo, empresarial, transportista, mujeres, afroecuatorianos, jóvenes y a todos quienes tengan una propuesta que busque bienestar común”, añadió Jiménez.
Además, el BCE dijo que las pérdidas monetarias para las zonas donde hubo paralizaciones se cuantificaron en US$281,6 millones en el sector público y US$833,8 millones en el sector privado, por lo que atribuyó parte la desaceleración del crecimiento económico del país entre abril y junio de este año a las paralizaciones.
¿Qué balances entregaron las comunidades indígenas?
“No hay mayores avances, hay que seguir”, fueron algunas de las palabras del líder indígena Leonidas Iza, en el evento público de cierre, al señalar que se necesitan medidas de seguimiento a los acuerdos pactados en años anteriores y también para los logrados en los últimos 90 días.
En la mesa de energía extractiva minera petrolera, la de mayor tensión en los diálogos, Iza dijo que no hay acuerdos, pues señaló que el gobierno espera mantener la seguridad jurídica de los proyectos mineros, pero enfatizó que el sector extractivista no puede seguir siendo el soporte económico del país y que los territorios indígenas deben ser defendidos.
“Garanticen el derecho a la consulta previa e informada, sino las comunidades no vamos a responder por la defensa del territorio, y no es una amenaza”, añadió.
Agregó que después de las mesas de diálogo quedó una agenda, no solo con el Ejecutivo, sino con otros sectores del Estado, haciendo una convocatoria para reiterar las propuestas que se llevaron al Ejecutivo y trasladarla también al poder Legislativo y Judicial.
Los subsidios a los combustibles: un gran desacuerdo
“La mesa de Focalización de Subsidios a los Combustibles cerró este jueves sin un acuerdo global”, comunicó el ministerio de Gobierno el jueves 13 de octubre, pues aunque hubo coincidencias en el subsidio para las actividades de pesca artesanal o la eliminación de este beneficio para los vehículos no matriculados, las organizaciones decidieron no firmar los acuerdos totales, pues hubo desencuentro en el subsidio para los sectores atunero, camaronero y otras industrias.
“Lamentablemente, las organizaciones indígenas asumieron la postura de aprobar todo o nada”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Darío Herrera.
Ante esto, el gobierno comunicó que se pondrán en marcha debates que también involucren a las empresas y en general al sector productivo para evaluar qué es lo más conveniente a nivel de subsidios de combustibles.
Al inicio de los diálogos, en el pliego de peticiones, las organizaciones indígenas y sociales pidieron que se redujera el costo del galón de gasolina extra de US$2,55 a US$2,10 y del diésel de US$1,90 a US$1,50, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso congeló los precios a finales del año pasado.