Ciudad de México — La licencia de sanidad que el Gobierno de México planea otorgar a algunas empresas para contribuir a controlar la inflación en los alimentos podría liberar la carga administrativa, pero no necesariamente los costos.
La segunda fase del Paquete contra la inflación y la carestía, el PACIC, presentado el 3 de octubre, generó controversia y alerta entre algunos organismos empresariales debido a las implicaciones en materia de competencia y riesgos sanitarios.
El Gobierno aún no publica oficialmente los detalles del paquete.
Uno de los componentes planteados liberaría a compañías como Sigma, del conglomerado Alfa, o al productor avícola Bachoco de trámites ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y la Comisión Nacional Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La tramitología es un costo para las empresas mexicanas. En general representa MXN$239.000 millones (US$12.000 millones) equivalente al 1% del PIB nacional, de acuerdo con las cifras más recientes del INEGI.
La liberalización de trámites podría generar un efecto favorable en reducción de costos para las empresas, pero si no son bien evaluados, podría generar otros.
La licencia sanitaria trasladaría a las empresas la responsabilidad de garantizar la sanidad de los alimentos, una función que ahora está en manos del Estado. Esto podría implicar mayores costos de supervisión y asimetrías de información.
“La lógica es correcta, no sé si pueda ser implementada”, dijo Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (iMCO) a Bloomberg Línea.
Detrás de la propuesta de la licencia sanitaria está la búsqueda de una distribución más eficiente y barata de las cadenas de suministro, según el especiaslista.
¿Qué puede hacer el Gobierno contra la inflación?
La política monetaria y la política fiscal son las principales herramientas que tiene el Estado para controlar la inflación. El Banco de México con su autonomía es el encargado de la política monetaria.
El Gobierno tiene la política fiscal para echar mano, como lo ha hecho hasta ahora en el tema del apoyo en la gasolina.
Esta medida no ha sido suficiente para poner freno al alza en el precio de los alimentos. Las opciones fiscales en este rubro son acotadas, ya que los alimentos no son sujetos de la carga fiscal del Impuesto al Valor Agregado.
“Si es un escenario complejo, pero creo que más bien se tiene que estar hablando de cómo se hace para mitigar los efectos de la inflación”, dijo Carrillo
En el tema regulatorio puede contribuir a la control de la inflación pero representa una evaluación constante y caso por caso, para identificar qué tipo de regulaciones realmente sirven para que el mercado no tenga un espacio de vicio que pueda hacerle daño a los consumidores y productores.
