Bogotá — El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, calificó el acuerdo de compra de 3 millones de hectáreas por parte del Gobierno colombiano como histórico, teniendo en cuenta las implicaciones económicas, políticas y sociales que podría tener.
“A propósito de las invasiones, imagínense ustedes si el Gobierno, para atender las obligaciones que se derivan del acuerdo con las Farc, interviene el mercado de tierras, pero no comprando, sino expropiando, interviniendo a través de la capacidad que tiene con la Ley 160 de expropiar o extinguir el dominio de la propiedad. Eso hubiese sido un lío terrible”, manifestó el líder de los ganaderos.
“Es decir, la paz territorial, los elementos sobre los que tiene que construir el Gobierno unos nuevos escenarios para poder adelantar este tipo de acciones, con actores armados, ilegales, que tienen control territorial en diferentes regiones del país iba a ser muy complicado”, ahondó.
En este sentido, destacó la actitud del Gobierno para lograr ese consenso, a pesar de tener la capacidad de llevar a cabo este plan sin tenerles en cuenta, según dijo.
“El Gobierno ha podido desarrollar buena parte de las cosas que aquí están sin nosotros, pero también lo he reiterado en casi todas las entrevistas mías, lo ha podido hacer contra nosotros, expropiando la tierra, extinguiendo el dominio de la propiedad por cualquier elemento y mucho más ahora que aprobaron el Acuerdo de Escazú por afectación ambiental. El Gobierno lo ha querido hacer con nosotros, esto es un parte positivo”, resaltó.
En una transmisión para dar a conocer las implicaciones sobre el acuerdo, Lafaurie manifestó que este pacto se logró tras más de un mes de trabajo entre el Gobierno colombiano y sus delegados “con la reserva del caso”.
Reconoció que no pensó que el anuncio junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, de quien en campaña fue un férreo opositor, iba a tener el impacto que tuvo.
“En el fondo, lo que estamos tratando de decirle a los ganaderos o al país en términos generales es que esto no es un elemento suelto. Esto es un elemento que pasa un poco por lo que el Gobierno ha venido denominando paz total”, dijo.
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En este contexto, Lafaurie compartió algunos de los principales puntos de este acuerdo:
1. Las tierras que entran en el acuerdo:
De acuerdo al pacto que firmó el Gobierno y lo ganaderos, un total de 3 millones de hectáreas entran dentro de esta compra, pero para que estas sean objeto del acuerdo deben ser acreditadas como propiedad privada y no pueden estar cuestionadas por la institucionalidad de restitución. Asimismo, no pueden tener un proceso agrario en curso, deben estar saneadas desde el punto de vista fiscal y deben cumplir con las normativas ambientales, agrarias y ecológicas.
2. ¿Qué características deben tener estos terrenos?:
El acuerdo también establece que previamente los terrenos deberán ser evaluados por parte del Ministerio de Agricultura, de la mano de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en función de su capacidad productiva.
“Se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal preferiblemente (…) se propenderá porque la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables”.
Esto irá acompañado de un plan gubernamental para avanzar en cuanto al desarrollo de la red de vías terciarias, que representa un 69,5% del total de las carreteras de Colombia, para que los campesinos puedan sacar de estos territorios sus cultivos.
3. Las dudas sobre cómo se haría la compra:
De acuerdo a lo acordado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi va a determinar los precios mínimos y máximos de las ofertas que se realicen por los terrenos de los ganaderos que de manera voluntaria deseen ser participes del acuerdo.
El documento indica que los predios se venderán en el valor comercial y que el Gobierno va a asumir los costos asociados a la materialización del respectivo negocio jurídico.
Además, se ha establecido que el pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el Gobierno.
No obstante, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que el mecanismo de compra sean los TES puesto que esto “no está autorizado” y no se puede aumentar más el endeudamiento público, por lo que esta sigue siendo una de las grandes interrogantes.
Petro dijo en días pasados que el cálculo aproximado en dólares del costo de estos terrenos con la actual tasa de cambio, que “no es muy beneficiosa para Colombia”, es de entre US$7.000 millones y US$14.0000 millones.
“En el fondo, mucho menos de lo que ha costado todo el plan durante este tiempo de lucha contra el narcotráfico en el país, sin mucho éxito. Con esto podríamos hacer una reforma agraria, con esto podríamos comenzar un proceso de industrialización”, apuntó.
4. ¿Cuál es el fin de la compra de estas tierras?:
La compra de las tierras es uno de los ejes clave de la futura reforma agraria que pretende adelantar Colombia en cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ahora convertida en partido político.
En el pacto que han firmado los ganadores y la Administración de Gustavo Petro se aclara que “la tierra objeto de compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado en la Reforma Rural Integral, y así avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final”.
Sobre su utilización, indica que será el Ministerio de Agricultura el que con sus instrumentos y herramientas de política pública determine la destinación específica de cada una de las tierras.
5. Los compromisos:
Con el acuerdo firmado, ambas partes asumen una serie de compromisos que del lado del Gobierno pasan por la construcción de vías terciarias, desarrollo de programas de acceso al crédito, prestación de servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria para ejecutar proyectos productivos de ganadería sostenible.
Asimismo, desde el Gobierno se ha adquirido el compromiso de realizar la caracterización de la población que será atendida, el manejo de las solicitudes y el proceso de entrega y fornalización de la propiedad.
Ya del lado de los ganaderos, se ha asumido el deber de apoyar en la identificación y ubicación de los mayores núcleos territoriales de tierra disponible con áreas que permitan atender un mayor número de campesinos.
De otra parte, deberán contribuir con su experiencia en el diseño y ejecución de proyectos relacionados con asistencia técnica, transferencia de tecnología y extensión agropecuaria.
Además, deberán proponer los enfoques de ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPI) bajo un criterio ambiental y con veeduría ciudadana.
Por último, deben servir como facilitadores, en la concertación con el Gobierno nacional, en todos los procesos y procedimientos incorporados en acuerdo, dice el documento.
