Ciudad de México — La iniciativa de Pago Oportuno, que reduce el tiempo de pago de facturas a pequeñas y medianas empresas (pymes) a 45 días de hasta 120, fue aprobada por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados de México, a través de una reforma al artículo 83 Bis del Código de Comercio.
La iniciativa se presentó en octubre de 2021 por medio de la Secretaría de Economía, comandada en aquel entonces por Tatiana Clouthier, quien luego de su reciente renuncia al cargo ha sido sustituida por la exjefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.
La iniciativa de Pago Oportuno surge en un contexto donde entre 39 y 55% de las pymes y startups en México sufre un retraso en el pago de facturas por parte de sus clientes, de acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2021, de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).
La reforma aprobada busca incentivar el flujo de efectivo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el fortalecimiento de la economía.
La falta de liquidez de estas empresas ha sido incluso una oportunidad de negocio para algunas fintech que han llenado la falta de financiamiento para seguir operando a través de modelos basados en el factoraje.
¿De qué trata la Ley de Pago Oportuno?
La iniciativa señala que “en los contratos mercantiles que involucren como parte proveedora a una micro, pequeña o mediana empresa y como contraparte a una empresa grande, el plazo máximo de pago será de 45 días naturales, contados a partir de la entrega del bien o de la prestación del servicio”.
También establece que “excepcionalmente, las partes podrán pactar de común acuerdo un plazo mayor al señalado en el primer párrafo del presente artículo, siempre que ello esté justificado por el beneficio mutuo o la naturaleza del contrato, y no constituya una práctica abusiva”. Y puntualiza que en ningún caso, el plazo máximo de pago no podrá exceder de 60 días naturales.
Actualmente, los emprendedores de México enfrentan plazos de pago de más de 60, 90, 120 días o incluso mayores. Estos plazos comienzan a contar a partir de la recepción de facturas, para lo cual hay procesos previos (como el alta de proveedores) que incrementan aún más dichos plazos.
El avance de la iniciativa es un paso adelante a favor del emprendimiento, dijo en un comunicado, Juana Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la ASEM, quien ha promovido la reforma desde 2018.
A través de un video en Twitter, la presidenta de la ASEM dijo que aunque el proyecto impulsado por la asociación proponía un plazo de 30 días para el pago de facturas, lo aprobado “ayuda muchísimo a generar un mejor flujo de efectivo para las empresas, seguir generando empleos y mover la economía”.
Asimismo, Ramírez hizo un llamado a que las empresas que ya pagaban a sus clientes en plazos menores a 30 días, mantengan estas buenas prácticas. “Un efecto adverso que queremos evitar es que, las empresas que ya tenían plazos de pago ejemplares, amplíen sus plazos”.
La iniciativa también indica que en el caso de que los contratos establezcan procedimientos de aceptación o comprobación de los bienes o servicios, el plazo para ello no podrá exceder de 15 días naturales, salvo en casos excepcionales donde la naturaleza del bien o servicio así lo exija.
La propuesta promueve que en caso de que el pago no sea realizado en tiempo y forma se generará una multa o interés a las empresas, la cual deberá entregarse al SAT.
Un sondeo realizado por el Tec de Monterrey y la ASEM revela que solo el 18% de las pymes a las que no les han pagado en el plazo acordado han incurrido en procesos legales para reclamar su pago. De éstas, únicamente el 8% recuperó el total de sus facturas. El 84% dedicó hasta 2 años y 66% invirtió hasta MXN$100.000 para llevar a cabo el proceso legal.
En próximas fechas la iniciativa pasará a votación al pleno de la Cámara de Diputados. Y de ser aprobada se turnará al Senado.
