Bogotá — A mediados de noviembre estaría listo todo el trámite que se requiere para llevar a cabo finalmente, y después de años de discusión, la demolición del edificio Aquarela en Cartagena, ubicado a solo 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas, en el barrio Torices. Esta estructura no solo generó una orden perentoria para el Distrito de esa ciudad de recuperar el espacio público, debido a que la invasión del mismo supera los 600 metros cuadrados, sino que lleva consigo una alerta de la UNESCO por el impacto y el riesgo que representa para el patrimonio cultural.
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Ese margen de tiempo lo dio en entrevista con Bloomberg Línea la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien aseguró que “en un mes ya tendríamos la ruta para poder realizar la demolición, ello requiere unos profesionales expertos. Necesitamos urgente avanzar en ese tema para poder restablecer el paisaje”.
Asimismo explicó que en este caso, la Agencia se ha “encargado de la asesoría jurídica para la aplicación de esa medida de demolición, la coordinación interinstitucional para buscar estrategias de prevención del daño antijurídico originado en la exclusión de la lista de patrimonio mundial, la coordinación de la defensa jurídica interinstitucional y la intervención judicial en los procesos en curso”.
Y agregó que además están promoviendo la reparación de los daños causados al Estado por parte del constructor del proyecto (Promotora Calle 47 S.A.S).
Recordemos que en este proceso se suscribió un convenio interadministrativo entre el Fondo Nacional de Gestión Del Riesgo De Desastres (FNGRD), Fiduprevisora S.A., el Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital de Cartagena, con el objetivo de brindar apoyo técnico, administrativo, jurídico y financiero a esta última entidad en la implementación de la medida correctiva de demolición, que fue ordenada por la autoridad policiva de esta ciudad.
En el marco del mismo, y según señaló la directora Zamora, ya se llevaron a cabo los procesos de selección y adjudicación de los contratos de consultoría e interventoría, cuyo objetivo era realizar estudios, diagnósticos y recomendaciones para la puesta en marcha de esa medida correctiva.
Otros casos de la Agencia
La directora de la Agencia manifestó que están interviniendo directamente en el caso de Centros Poblados, que hace referencia a la pérdida de $70.000 millones en un contrato con el que se pretendía llevar Internet a las zonas rurales del país. “La semana pasada tuvimos audiencia pero se suspendió porque vamos a entrar en un proceso de preacuerdo con Emilio Tapia. Son muchos procesos no solo del orden penal, sino también varios que están en curso ante la Jurisdicción de lo Contencioso”.
En esa línea explicó que la finalidad del preacuerdo puede ser la devolución del dinero, pero que todo ello hay que hacerlo de la mano de la Fiscalía General para que exista realmente una reparación a la víctima, que en este caso es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Frente al caso del exterminio de la Unión Patriótica, indicó que “estamos a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero mientras tanto hemos estado trabajando en un tema que es fundamental, que es continuar en la búsqueda, identificación y caracterización de las víctimas, tarea que está liderando la Jurisdicción Especial para la Paz. Con ellos nos hemos reunido y también con la Fiscalía”.
Uno de las principales objetivos de la nueva administración de esta entidad es mejorar la atención de los casos y “procurar la búsqueda de soluciones amistosas en los procesos en que sea posible, no esperar hasta que los casos pasen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino lograr soluciones satisfactorias y reparadoras. Es importante una mayor cobertura de procesos en el sentido de intervenir directamente en los comités de conciliación, vamos a trabajar fuertemente en generar los equipos para atender y acompañar todo este proceso conciliatorio”, detalló Zamora.
