Bogotá — El Consejo de Empresas Americanas (CEA), el gremio que representa a las firmas estadounidenses, marcó su postura frente a la reforma tributaria que se discute en el Congreso y expresó su preocupación frente “al cambio de reglas de juego” para la inversión extranjera directa localizada en Colombia al punto de que advirtió que algunos puntos violan el TLC con ese país.
Las compañías agremiadas en el CEA, que representan el 7,4% del PIB y aportan más de 100.000 empleos directos en el país, dijeron que les preocupa particularmente la derogatoria de un artículo que implementaba una de las obligaciones del TLC referente a los envíos urgentes de hasta US$200.
“La derogatoria del literal J en el artículo 428 del Estatuto Tributario, planteada dentro de la ponencia radicada recientemente, significa una violación al cumplimiento del tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual podría desencadenar en demandas internacionales”, indica.
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Este cambio, según el CEA, compromete la exención de no cobrar IVA ni arancel “a los bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de US$200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de Libre Comercio”.
“Volver a cobrar IVA a estos envíos tendría consecuencias negativas para los importadores y consumidores colombianos, en particular las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que suelen ser los principales beneficiarios del acceso y las oportunidades que ofrece el comercio electrónico mundial y un régimen viable de minimis y otras medidas de facilitación del comercio”, añadió.
Otras de las preocupaciones de estas empresas se centran en la presunta afectación al sector de carbón y petróleo, y el “trato diferencial” a las empresas extranjeras (Presencia Económica Significativa) que operan en la economía digital.
“Esto, teniendo en consideración que incluso hoy, aún está pendiente por establecer un marco regulatorio que les permita operar a muchas de las empresas que están en algunos de estos negocios”, exponen.
Sobre el carbón y petróleo advirtió que si bien técnicamente la sobretasa es una propuesta mejor que la anterior, la cual buscaba establecer un impuesto a las exportaciones, “el porcentaje de las tasas propuestas eliminan la competitividad del país en inversiones frente otras jurisdicciones y la OCDE. Sugerimos reducirlas a cifras razonables como por ejemplo 3% para 2023, 2% para 2024 y 1% para 2025. Esta debería ser una medida de aplicación temporal”.
“Asimismo, existe una creciente intranquilidad de cara a la no deducibilidad de las regalías. Esta medida afecta la competitividad del país y desincentiva la inversión extranjera, toda vez que la mayoría de los países permiten la deducibilidad de estos pagos en la depuración del impuesto de la renta. Esta modificación podría llegar a generar un desbalance en los contribuyentes de la industria, ya que estos seguirían estando gravados por la disposición del crudo”, señaló.
El CEA manifestó que le preocupa el posible efecto perjudicial que pueda tener el artículo 57 para las empresas que operan en el sector de la economía digital.
Este hace referencia a la imposición de impuestos sobre la renta a las empresas extranjeras que tengan Presencia Económica Significativa.
Para el CEA, “dicho cambio va en contra de lo que establece la OCDE de no promulgar medidas unilaterales y da lugar a aumentos significativos de precios para el consumo; esto podría traer consecuencias en que Colombia sea visto como una jurisdicción que no respeta los derechos básicos de los contribuyentes, así como los principios de la tributación internacional, lo cual podría llevar al país a quedar relegado competitivamente frente a otros de la región”.
“Además, en Colombia el marco bajo el que operan algunas de las empresas de la economía digital aún no está regulado, por lo cual un régimen tributario preocupa en un contexto en el que no existen reglas de juego claras para operar”, apuntó.
En este sentido, el CEA expresó su disposición a aportar a la construcción de esta reforma e invitó al Gobierno a tener en cuenta sus preocupaciones y propuestas “para la construcción de una reforma tributaria que reconozca la importancia del sector privado y la inversión extranjera en el desarrollo social y económico del país, así como su impacto en la vida de los colombianos”.
