Lima — Una nueva denuncia surge contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. Esta vez la Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una demanda constitucional contra Castillo tras detener a personas cercanas al gobierno peruano por investigaciones de corrupción; y se complejiza la crisis política que asedia al país andino desde que inició el gobierno actual.
En un mensaje difundido en vivo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusó a Castillo y a allegados de su gobierno de supuestamente formar parte de una organización criminal que era dirigida desde el palacio presidencial.
Benavides refirió que de acuerdo a las investigaciones, la organización aparentemente liderada por el presidente Castillo sería integrada por exministros de su gobierno: Juan Silva y Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de la estatal Petroperú, Hugo Chávez.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva del Congreso decidir sobre el proceso de la denuncia constitucional en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, dijo Benavides en su mensaje, que fue transmitido desde la cuenta de Facebook del Ministerio Público.
Los fiscales también realizaron 36 allanamientos en todo el país y arrestaron a cinco ex asesores cercanos a Castillo este martes, como parte de la investigación.
LA SITUACIÓN LEGAL DE CASTILLO EN PERÚ
El mandatario peruano ha negado en diversas ocasiones las denuncias en su contra, argumentando, desde su punto de vista, que son parte de una campaña de sus opositores para desacreditarlo. Hasta ahora su gobierno ha superado dos intentos de vacancia presidencial, que es una figura similar a la destitución, los cuales intentaron darse en menos de un año de su gestión.
Tras conocerse la denuncia desde Fiscalía de la Nación, Castillo dijo que “si tiene que correr mi sangre en la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer. Si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”.
Mientras tanto, un juez ordenó 10 días de detención preliminar de los cinco detenidos que son allegados o ex miembros del gobierno de Castillo. Como parte de las investigaciones fiscales, las residencias y oficinas de seis congresistas del partido Acción Popular, que serían aliados de Castillo, fueron registradas para que Fiscalía compruebe si dirigieron proyectos de obras públicas a contratistas favorecidos, tal como sufiera la hipótesis actual.
Según la Constitución de Perú, un jefe de Estado puede ser juzgado por delitos como traición a la patria y obstrucción del sistema electoral, pero goza de inmunidad por delitos como la corrupción. Pero podría ser destituido si dos tercios de los miembros del Congreso votaran a favor de su destitución.
Desde que Castillo ganó las elecciones el 2021 el país ha estado en un estado casi constante de crisis política. Además de los intentos de destitución, los fiscales han abierto seis investigaciones contra él, se han producido varios cambios en el gabinete y renuncias y su índice de aprobación se ha desplomado a cerca del 25%, según una encuesta reciente.
Por otro lado en el Congreso también se están realizando acciones para una potencial destitución de la vicepresidenta Dina Boluarte, lo que ante una posible vacancia del presidente Castillo dejaría la presidencia de Perú en manos del Congreso.
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