Bloomberg — La Fiscalía de Perú presentó una denuncia ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción, lo que desató una nueva turbulencia política en la nación andina.
La medida da un impulso potencial a la oferta de la oposición para iniciar un pedido de inhabilitación en contra de Castillo, y también genera controversia sobre la legalidad de investigar a un presidente en funciones.
La fiscal de la Nación Patricia Benavides acusó al jefe de Estado elegido por el partido Perú Libre en el 2021 de tráfico de influencias y corrupción en contratos para un proyecto de un puente, entre otros presuntos delitos.
De acuerdo con la ley peruana, un presidente en ejercicio puede ser investigado, pero solo por delitos como traición a la patria y manipulación de elecciones, según Omar Cairo, un abogado constitucional con sede en Lima. Los delitos de los que los fiscales lo acusaron no están contemplados en la Constitución, dijo.
“El Congreso debería archivar la denuncia constitucional, de lo contrario los legisladores estarían incurriendo en una infracción constitucional”, dijo Cairo, en una entrevista telefónica desde Lima.
Desde que Castillo asumió el cargo el año pasado, el país se ha visto sacudido por una crisis política casi constante. Ha sobrevivido a dos intentos de moción política y su índice de aprobación se ha desplomado a alrededor del 25% en medio de continuas reestructuraciones y renuncias del gabinete.
Las acusaciones surgen al tiempo que algunos legisladores de la oposición buscan obtener apoyo para un tercer intento de remover a Castillo del poder. Un presidente puede ser forzado a dejar el cargo si dos tercios de los miembros del Congreso unicameral votan para destituirlo.
“Golpe de Estado”
En una inusual reunión con medios extranjeros el martes por la noche en Lima, Castillo calificó las acciones de la fiscal como un intento de “golpe de Estado” y dijo que se defendería de la “persecución política” que sufre.
En su denuncia, la fiscal Patricia Benavides acusó a Castillo de supervisar una organización criminal dirigida desde el palacio presidencial. Los fiscales también realizaron 36 redadas en todo el país y arrestaron a cinco exasesores cercanos de Castillo el martes, como parte de la investigación.
El presidente ha negado repetidamente los cargos y dice que los fiscales no tienen ninguna prueba en su contra.
El diputado opositor Eduardo Salhuana dijo a RPP radio que si bien la Constitución limita la investigación de un presidente en ejercicio, eso queda anulado por las convenciones internacionales firmadas por Perú.
“Ese será el debate en las comisiones y luego en el pleno”, dijo Salhuana.
Benavides dijo en declaraciones transmitidas en vivo por Facebook que el Congreso debe decidir sobre el proceso de la demanda constitucional en el marco de la convención de la ONU contra la corrupción. Cairo, el abogado constitucionalista, cuestionó su interpretación de la convención, diciendo que llama a los países a luchar contra la corrupción bajo sus propias leyes internas.
Una subcomisión del Congreso también está realizando audiencias contra la vicepresidenta Dina Boluarte que podrían conducir a su destitución.
A pesar de la agitación política, se pronostica que la economía se expanda un 2,7% este año, a una velocidad más rápida que la de algunos pares regionales, incluidos Brasil, México y Chile, según analistas encuestados por Bloomberg.
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